Diana López Silva
La presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, señaló que la propuesta de “regular” la actividad periodística en Puebla requiere de foros de participación ciudadana.
Ayer, la Universidad Iberoamericana entregó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales un análisis de la iniciativa en el que plantea recomendaciones.
Después del rechazo que generó la iniciativa de “Ley de Derechos para el Libre Ejercicio del Periodismo” del diputado de Morena Andrés Villegas Mendoza, la coordinadora de la bancada de Morena apuntó que esta ley “no es algo que vayamos a hacer de manera inmediata”.
A diferencia del diputado, Laura Artemisa García consideró que esta propuesta se debe “ir cuidando y aterrizando, para que sea algo que regule, entre todos, la participación de manera responsable, pero siempre privilegiando el derecho a la libre expresión”.
Ayer, la Universidad Iberoamericana Puebla, a través del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría”, el Observatorio Con los Ojos Abiertos por el Derecho a la Verdad y las Coordinaciones de las Licenciaturas de Comunicación y Ciencias Políticas, entregaron a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de Congreso de Puebla un análisis de la iniciativa.
Si bien avalaron la intención de reconocer y garantizar derechos vinculados al oficio del periodismo, manifestaron su “extrañeza por el contexto y el formato en el que se presenta”.
Los académicos señalaron que lo conducente sería que un esfuerzo de regulación en este campo transite bajo cauces democráticos de apertura parlamentaria.
Al citar el estudio “Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México de la organización Artículo 19” comentaron que Puebla fue la tercera entidad con mayores índices de violencia contra periodistas y medios de comunicación.
Entre 2018 y 2024, en Puebla se registraron 241 agresiones, despuntando como el estado con el mayor número de casos de acoso judicial de todo el país.
Entre las agresiones más comunes se encuentran la intimidación y el hostigamiento, el bloqueo o alteración de contenido, el uso ilegítimo del poder público, la amenaza y el ataque físico”.
Señalaron que la iniciativa es omisa “a pesar de que su artículo 7 reconoce indirectamente el uso de la pauta publicitaria como mecanismo de control de las líneas editoriales”.
Por ello, consideraron que es necesario que se realice un debate sobre el tema.
