SIN RESPALDO
La ausencia de apoyos en temas torales por parte del gobierno federal hacia las entidades federativas, en particular a Puebla, quedó evidenciada ayer durante la conferencia de prensa matutina del gobernador Luis Miguel Barbosa, quien hizo un par de alusiones.
A preguntas expresas, se refirió por una parte a la falta de medicamentos en el Hospital del Niño Poblano, que derivó en una queja de padres de familia con hijos que padecen cáncer, carencia generalizada, y en otro a la capacitación y entrenamiento de los cuerpos policiacos, en cuyo caso dijo que no reciben apoyos y que “ojala nos mandaran aunque sea un balón de basquetbol”. …
ERRORES
A propósito del desabasto de medicinas oncológicas para niños en el HNP que, por cierto, mereció una pronta reacción del secretario de Salud José Antonio Martínez García, quien ofreció soluciones a corto plazo, la falla se atribuye al gobierno federal por haber confrontado a los proveedores sin tener a la mano una alternativa inmediata.
Apenas ayer el presidente López Obrador aseguró que hay sabotaje de las farmacéuticas, mientras que la Organización Mundial de la Salud lamentó que en México miles de niños estén en riesgo de morir por esa anomalía, cuando la enfermedad puede ser tratada, y consideró que la falta de medicamentos exhibe las enormes desigualdades de los sistemas de salud.
ABUSOS
En Puebla se ubican sucursales de los dos despachos de abogados que han sido identificados por la Condusef por su mayor reincidencia en malas prácticas para ejecutar el cobro de adeudos, al utilizar amenazas, ofensas o intimidaciones y no dirigirse de manera educada y respetuosa a los usuarios.
Se trata de Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada y Muñoz C. y Asociados, que acumulan 1,157 y 560 reclamos a nivel nacional, respectivamente, quienes actúan contratados en la mayoría de los casos por instituciones bancarias, sociedades financieras y otras entidades de ahorro y crédito popular.
ASEDIO
Empresarios gasolineros poblanos expresaron su preocupación debido a que con motivo de la pandemia han visto reducidos sus ingresos, y además ahora han sido notificados de la obligación de renovar sus equipos despachadores de combustible, lo que implica una inversión de 316 mil pesos por cada bomba. La medida facilitará la revisión por parte de la Profeco y clausurar a quienes incumplan.
