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A tres años de haber asumido el gobierno de Puebla, luego de una elección extraordinaria y una etapa grave de convulsión política y social, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha dado estabilidad al estado. Hay gobernabilidad en la entidad y ni los adversarios la ponen en duda.
Su administración, atravesada casi desde el principio por la peor pandemia en más de un siglo, ha podido también sortear este enorme reto sanitario, económico y social.
Hoy, sus logros se pueden hallar lo mismo en los rubros de salud y campo que en materia de justicia e inversión, entre otros, con un destacado énfasis en una cruzada anticorrupción permanente y en el fin de los derroches y las obras suntuosas.
No se le puede regatear a Barbosa Huerta tampoco la estabilidad política.
Apenas el pasado sábado demostró la eficiencia y fuerza dentro de su partido.
Su grupo político controla el Consejo Estatal de Morena, definirá las posiciones del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y las candidaturas locales en 2024.
El gobernador, quien tomó las riendas del estado el 1 de agosto de 2019, casi con un año perdido, que le “robaron”, es cercano a la gente como ningún otro.
Los martes ciudadanos son prueba de ello, pero la atención permanente a los poblanos la trasciende.
Hay muchos apoyos, ayudas directas que se dan a particulares que lo requieren, que no se presumen en boletines.
Es el estilo de Barbosa Huerta.
Hay un combate real a la corrupción y a la delincuencia.
Sin simulaciones.
Frontal.
En sintonía y colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE), hay efectiva investigación y acción.
El caiga quien caiga se ha hecho realidad cotidiana.
Están en la cárcel, con procesos judiciales con méritos suficientes y solidez, personajes que en cualquier otra administración hubieran conseguido impunidad, sin importar lo atroz de sus crímenes.
Incluso malos servidores en ejercicio han sido castigados.
Los casos de controversia social grave, como el de Coyomeapan, por poner un ejemplo, se han atendido.
El gobierno barbosista ha rescatado también inmuebles históricos.
No negocia con particulares.
No hay privilegios.
Hay una atención permanente en los rubros de educación, infraestructura, economía, agricultura y bienestar.
La salud, por la pandemia y por decisión del gobierno, se convirtió en prioridad.
El modelo poblano de combate a la COVID ha sido reconocido en varias ocasiones por el presidente Andrés Manuel López Obrador y se ha aplicado en otras entidades.
Hay colaboración y atención a los municipios, sin importar su signo partidista.
Hay obras que no son suntuosas ni de relumbrón.
Se ha privilegiado la eficiencia, necesidad, urgencia y el sentido social de éstas.
Los poderes públicos autónomos, dijo la mañana de este lunes el gobernador, operan de manera estable.
“Todos los días se acredita un gobierno de buena fe”.
No se aplasta ni avasalla a los otros poderes, el Legislativo y el Judicial, como en antaño.
Al llegar a tres años, la oposición –diminuta de por sí– apenas puede endilgarle anécdotas al gobernador.
No hay abuso de poder.
No hay violaciones a los derechos humanos, como en el pasado.
Luego del “fraude” de 2018, tras la muerte de la gobernadora que designaron las autoridades electorales federales y tras un interinato, muchos presagiaron convulsión.
Una crisis institucional.
No ocurrió.
Además, se ha avanzado sin petulancia y sin frivolidad.
Esa que parecía en el paso inherente al servicio público.
El gobierno está firme.
Puebla tiene gobernabilidad.
La construye diariamente.
Y por supuesto que hay pendientes y retos por cumplir.
Destacadamente la modernización del transporte público, donde las cosas siguen igual o peor que en el pasado.
Y, por supuesto, la exigencia número uno de todos los ciudadanos: seguridad, seguridad y más seguridad, tanta como hace falta en estos tiempos convulsos que se viven prácticamente en cada rincón del país.
