Arturo Luna Silva / [email protected] / Twitter: @ALunaSilva
El gobernador Alejandro Armenta Mier enviará en los próximos días al Congreso local una iniciativa de reformas constitucionales para, literalmente, crear una nueva organización del Poder Judicial del Estado de Puebla, cimbrarlo completamente y también sincronizarlo con el proceso de elección de magistrados y jueces, que se llevará en el ámbito federal; para nuestra entidad, la cita con las urnas de las y los aspirantes a ocupar un cargo judicial tiene como fecha en el calendario el año 2027.
La propuesta del mandatario poblano es muy profunda y contempla cambios y/o adiciones a 18 artículos de la Constitución poblana.
Con esta propuesta, que sin contratiempos alcanzará la mayoría calificada de los 41 diputados y diputadas locales -indispensable por ser una reforma constitucional- se sacude fuerte al Tribunal Superior de Justicia y otros órganos judiciales.
Por ejemplo y muy importante, desaparece la Judicatura, para convertirla, ampliada y mejorada, en el Tribunal de Disciplina Judicial.
Se trata de un órgano que tendrá independencia técnica y de gestión, integrado por cinco personas, que serán elegidas de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía.
Este tribunal disciplinario de los funcionarios judiciales podrá investigar, sustanciar y sancionar -desde una amonestación hasta la destitución– a los servidores del Poder Judicial, incluidos los defensores públicos.
Y más interesante, las denuncias que podrían llevar a sanciones e incluso destitución “pueden ser denunciados por cualquier persona”, establece la iniciativa.
En la parte electoral, la propuesta legislativa es paralela a la federal y contempla un proceso previo de selección y calificación de la idoneidad de los y las aspirantes, en el que participan los otros poderes del estado, y que termina con la comparecencia ante las urnas.
Los tiempos para alcanzar la aprobación definitiva de esta reforma judicial poblana de Armenta es a contrarreloj.
Porque no solamente se trata de avalar esta propuesta de cambios en 18 artículos constitucionales, lo que ocurrirá de modo sencillo por la mayoría que tienen el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos aliados, sino por la complejidad de luego aprobar reformas a las normas secundarias.
Es ahí que está el verdadero trabajo legislativo a detalle.
Es descomunal.
Una vez que se avale la reforma constitucional, quedará pendiente una larga lista de leyes secundarias, para lo que el Congreso local tiene solamente hasta el segundo periodo ordinario de este año.
Las pendientes de reformas serán:
Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Carrera Judicial, Ley de Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias, Ley Orgánica de la Defensoría Pública.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley Reglamentarios de los Medios de Defensa de la Constitución Política, Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, además de que se deberá expedir una Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
Y, por supuesto, para el tema electivo el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado Puebla (COIPEP).
El documento es de casi media centena de páginas.
Se requerirá celeridad, técnica parlamentaria pulcra y eficiencia.
Todo está ahí.
Pero todo es a contrarreloj.
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