Quien pronosticó que la actual LXI Legislatura del Congreso poblano sería una novela rosa de acuerdos y sometimiento al Poder Ejecutivo ha fallado completamente. Se trata, en realidad, de un ejercicio parlamentario que ha surcado sus primeros tres meses enredado en sus propias fricciones, facciones, fracturas y, por momentos, impredecibles escenarios.
Las primeras votaciones complicadas, para elegir a las comisionadas de transparencia, las leyes de Ingresos y Egresos y, particularmente, el tema del Derecho de Alumbrado Público (DAP), por poner ejemplos, son muestra de ello.
El día a día que se vive entre las curules del viejo recinto del Centro Histórico es un juego de alianzas, traiciones y rupturas.
En principio, hay efectivamente un bloque, de no más de siete legisladores y legisladoras, que actúan como opositores al gobernador, a pesar de estar en su mismo partido: el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Son los mismos que han dejado ver, con el asunto del DAP, que buscarán convertir en metralla electorera cualquier tema.
Siguen, al menos por ahora, al coordinador de los diputados federales morenistas, Ignacio Mier Velazco.
A él y a sus anticipadas intenciones de aparecer en la boleta en 2024.
La oposición al Ejecutivo estatal está dentro de Morena mismo, pero su intención no es defender la agenda lopezobradorista.
No, qué va.
Tampoco enarbolar la bandera de “primero los pobres”.
Tampoco.
Su meta es estrictamente política y hacia la sucesión.
Su oposición al cobro del DAP, que antes y ahora cobran municipios morenistas en Puebla y otros estados del país, es irracional y sin argumentos técnicos.
Es tema electorero.
Tratan de apuntalar a un aspirante, perfumando de “defensa social”, un asunto que es estrictamente legislativo.
Sin embargo, es una facción marginal.
La encabezada el impresentable ex enlace con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Carlos Alberto Evangelista Aniceto.
Es él, junto con algunos vivanquistas y algunos armentistas, solamente.
En tanto, el alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez, tiene un bloque opositor específico e, irónicamente, también dentro de su mismo partido, Acción Nacional (PAN).
El bloque anti ERP se dejó ver con el DAP.
A esos diputados y diputadas locales los encabeza uno de los principales enemigos de Lalo Rivera, su tocayo Eduardo Alcántara Montiel.
A esa facción, en la bancada albiazul de nueve integrantes, la mueve también rencillas internas.
La pasada contienda por la dirigencia los dejó heridos.
Y de muerte (es metáfora).
De hecho, una vez que llegue Augusta Díaz de Rivera a la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE), lo más probable es que Alcántara deje de ser el coordinador legislativo.
Es facultad de la presidenta estatal, se asienta en los estatutos, nombrar al coordinador de la bancada panista en el Congreso local.
En cuestión de días lo sabremos.
Las principales fuerzas, PRI -que es el más claro aliado y sin fracturas del Poder Ejecutivo-, PAN y Morena juegan en este escenario.
Para simplificar y entenderlo: hay un PRIMor a medias, un PAN dividido y Morena con bloque anti Barbosa.
Los acuerdos que toman los coordinadores, Sergio Salomón Céspedes (Morena), Eduardo Alcántara (PAN) y Jorge Estefan Chidiac (PRI) en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no siempre aterrizan en las votaciones en el pleno.
El cabildeo es, en este clima enrarecido, más urgente y laborioso que nunca.
Indispensable.
Es un juego de varias bandas con muchos invitados.
Y así llegará 2022, con el reto de abordar el tema de la despenalización del aborto.
Preparen armas.
Y que comiencen los disensos.
