Arturo Luna Silva / [email protected] / Twitter: @ALunaSilva
Parece un chiste, una mala broma, pero desafortunadamente no lo es.
El ex alcalde del PRIAN Eduardo Rivera Pérez, toluqueño para más señas, le vio la cara hasta al Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Una hazaña que pocos pueden presumir en el país.
Pero no es de extrañar.
El empleado de El Yunque resultó más corrupto que todos los últimos alcaldes corruptos -juntos- que ha tenido últimamente esta noble y muy leal ciudad de Puebla.
¡Y vaya que los (y las) ha habido!
Como he dicho, la Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene ya plenamente documentadas todas sus pillerías. Las grandes, las medianas, las chiquitas.
Pillerías que le alcanzaron para, en nombre de Dios, poner sendos-jugosos negocios privados y hasta para hacer prominentes “empresarios-as” a sus hijos-as.
El cochinero es cochinero véase donde se le vea.
Son de verdad numerosos, pero uno de los expedientes que mejor describen el modus operandi de la delincuencia organizada e institucionalizada que encabezó Eduardo Rivera es el relacionado con la obra No. 26354 de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del Ayuntamiento de Puebla.
Este expediente se refiere a la “rehabilitación” del inmueble denominado Jardín de Niños Rafael Serrano, ubicado en privada 16 de Septiembre #1506 entre av. 15 Oriente y calle 17 Oriente en el Barrio El Carmen del municipio de Puebla.
Es decir, en el Centro Histórico, en la zona declarada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Monto contratado: $2,954,946.69
Monto total ejecutado: $9,385,878.76
Monto observado: $6,430,932.07
Porque fiel a su costumbre, el que no transa no avanza.
Dice el dictamen consolidado de la ASE:
“Se cuenta con un antecedente emitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que autoriza la ejecución de los trabajos a realizar, incluyendo una lista de conceptos aprobados.
“No obstante, se pagó como un concepto extraordinario la demolición de losa, al igual que otros trabajos, sin que exista evidencia documental en bitácora de autorización por parte del INAH”.
¡Vaya timo!
Se burló, cobró y luego fue a suplicar clemencia al gobernador Alejandro Armenta Mier.
Pero el gobierno federal, vía el INAH, tiene abierta una carpeta de investigación.
Y es que defraudó y violó, entre otras cosas, el artículo 69, párrafo tres, de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Los artículos 12 y 52 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Y el artículo 49 Fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La empresa a cargo -es un decir- de la obra fue PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., cuyo representante legal responde al nombre de Álvaro Gutiérrez Montiel.
Como tantas en su periodo al frente del ayuntamiento de Puebla, la licitación, por supuesto, fue una farsa.
No se recibió un mínimo de tres proposiciones legal, técnica y económicamente solventes, que hubieran garantizado la existencia de competencia y con ella la obtención de las mejores condiciones de contratación.
Eduardo Rivera otorgó la “obra” a sus cuates, a quienes cobró “moche” para poder financiar su fracasada y patética campaña a la gubernatura.
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