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Con escasa, posiblemente nula, operación política, que incluso reconocen sus colaboradores cercanos, el gobierno del panista-priísta Eduardo Rivera Pérez se ha metido nuevamente en una innecesaria y estéril controversia con la administración estatal, al empeñarse, sin que la razón jurídica lo ampare, en concesionar por 10 años la publicidad en los paraderos del transporte público, zona de pendones y puentes municipales.
La responsabilidad de esta equivocada pretensión recae por entero en la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano Municipal, desde donde su titular, el morenovallista Michel Chaín Carrillo, quien entró con fórceps en el gabinete, ha metido en este brete a su jefe.
Sus razones para ello no están claras.
Pero se advierten oscuras.
Además de que parecen más un asunto del interés personal de Chaín.
Uno que le reporta jugosos beneficios.
Un tema en el que arrastra a Rivera Pérez.
Hay en la esencia del diferendo una información torcida, que le ha proporcionado este funcionario al presidente municipal.
A pesar de una primera advertencia, con base en las normas y en la técnica jurídica, que desde Casa Aguayo se le ofreció el lunes al alcalde, la mañana de este martes Rivera Pérez insistió en que no es necesario el aval del Congreso local para la concesión de espacios publicitarios en los paradores del transporte público de Puebla capital, por 10 años.
Esa no solamente es una interpretación sesgada, sino abiertamente equivocada.
Como se trata de un periodo que trasciende su gestión, de solamente tres años, es imprescindible el aval del Poder Legislativo.
Inevitable.
Necesario.
Insoslayable.
El secretario de Gestión y Desarrollo Urbano Municipal le ha dicho lo contrario.
Equivocadamente.
Mañosamente.
Así lo exhibió este martes el consejo jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Palafox Galeana.
Sin margen para el debate.
Lo afirmó y lo explicó con base en la Constitución del estado, la Ley Orgánica Municipal y también hizo referencia al Código Fiscal.
El gobernador Miguel Barbosa también condenó esa pretensión y esa actitud.
“Esas concesiones tienen propósitos de control político, de crear obligaciones, de retribuciones en el manejo político de esa concesión, eso es…
¿No quedamos que íbamos a ser diferentes…?
Que no me quieran a mi ver la cara. Nunca un Código Fiscal del municipio está sobre la Constitución ni sobre la Ley Orgánica…”
El diferendo en que Michel Chaín ha metido a Rivera Pérez con la administración estatal es estéril.
Innecesario.
Una derrota anunciada.
Que además puede crecer negativamente.
En muchos, y muy serios, sentidos de cara al futuro inmediato.
Quieren ganar el 2024, pero ni siquiera saben gestionar el 2022.
Un rompimiento en tres sencillos, muy sencillos pasos.
(Por cierto: nunca hubo luna de miel, pues no puede haberla cuando ni siquiera hay un matrimonio).
Ni siquiera han sido capaces de comunicar por qué, para qué, cuál será el beneficio de este tema para los poblanos.
¿Falta operación en el gobierno municipal?
La respuesta que dan los propios cercanos a Eduardo Rivera es que sí.
Un contundente sí.
Ya eso quedó establecido con el tema del Derecho de Alumbrado Público (DAP), en el que fracasó ante el Congreso.
No pudo operar que los votos de su propio partido, Acción Nacional (PAN) lo cobijaran y entonces todas las demás fracciones también le dieron la espalda.
Falta estrategia y sobra soberbia.
Ya es comentario de cajón en todas las mesas.
El tema de la publicidad en los también llamados parabuses y otros mobiliarios urbanos, como ha establecido el gobernador, es de control político.
También de negocios.
Unos muy sospechosos.
Como ocurrieron en tiempos del morenovallismo.
Época que conoce muy bien el multicitado Chaín.
¿Lo ve Eduardo Rivera?
¿O a ciegas, pero al mismo tiempo deliberadamente, quiere convertirse en una especie de Claudia Rivera, una paria?
