Arturo Luna Silva / [email protected] / Twitter: @ALunaSilva
O cuando la realidad rompe la mentira mediática.
El empresario Miguel Ángel Celis Romero intentó generar una cortina de humo. Quiso aducir que está en la cárcel “injustamente” por el delito de extorsión y hacerse pasar por víctima de “persecución”.
Para su desgracia, su narrativa no es sino ciencia ficción.
Y es que la pasada semana le dictaron prisión justificada dando pie a la vinculación a proceso por el delito de fraude contra su propio sobrino y socio.
No es un señalamiento mediático: es una determinación judicial.
Su retórica se desploma al ser dos jueces distintos, en causas distintas, quienes han encontrado datos de prueba suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.
En el sistema penal acusatorio, la vinculación exige que el juez advierta probabilidad de delito y posible participación.
Cuando dos órganos jurisdiccionales independientes alcanzan esa conclusión, el discurso de que “todo está en orden” deja de ser estrategia y se convierte en negación de la realidad procesal, como lo clama por las calles su apoderado legal, Carlos Tress Ogazón.
Los autos de vinculación se sintieron más fuertes que los gritos que da este personaje en los lugares públicos de Tehuacán.
En esos mismos días, Miguel Ángel Celis Romero, “El Animal”, fue trasladado del penal de Tehuacán al penal de San Miguel en Puebla capital.
Tal decisión no puede leerse de manera simplista.
Cuando desde un centro penitenciario se generan marchas, presión mediática y dinámicas para simular ser un “preso político” e intentar mostrar que el sistema está en tu contra, la autoridad está obligada a preservar el orden y la gobernabilidad penitenciaria.
De qué tamaño era la amenaza, que por los propios dichos de Carlos Tress Ogazon las autoridades se enteraron que Celis Romero “construyó el penal y es dueño del mismo”.
Se entiende, entonces, por qué el sistema judicial, preservando la seguridad e integridad de todos los internos, tomó cartas en el asunto y trasladó al “propietario” de la cárcel de Tehuacán a la cárcel de Puebla.
Paralelamente, el supuesto respaldo empresarial y familiar no ha sido tal; prácticamente todos se han deslindado y desmarcado de los actos ejercidos por Miguel Ángel Celis Romero.
Como lo informé previamente a través de X, la Asociación de Avicultores de Tehuacán emitió un posicionamiento formal negando cualquier apoyo del empresario Gustavo Romero Bringas y de la empresa El Calvario a los pronunciamientos difundidos por su vocero.
No fue una aclaración menor. Fue una línea divisoria.
El sector productivo más importante de Tehuacán y sus alrededores decidió colocarse de lado del Estado de Derecho y de las instituciones, no de causas personales bajo proceso penal.
Sin ese respaldo estructural, la narrativa pierde uno de sus pilares esenciales: la credibilidad.
Dos jueces encontraron elementos suficientes.
Hubo una nueva vinculación por fraude.
Se ordenó un traslado penitenciario.
El empresariado se deslindó.
Cuando las resoluciones judiciales se acumulan y el respaldo institucional se diluye, la discusión deja de ser mediática y se vuelve jurídica.
Y en el terreno jurídico, los hechos pesan más que las consignas.
Pero parece que sigue sin entenderse.
