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Todo el país se ha estremecido por el caso de la joven de apenas 18 años de edad Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien fue hallada muerta en una cisterna, en la zona que desapareció en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Su muerte, aún sin determinarse como asesinato, con posible abuso sexual, o un “accidente”, nos toca sensiblemente como sociedad, porque, si somos capaces de hacer a un lado la prisa por culpar solamente a las autoridades, encontramos que hay fallas que nos conciernen a todos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo (FGJE) justificó que el cadáver haya sido encontrado 13 días después su desaparición y en un lugar en el que ya habían buscado los peritos, a una “falla humana masiva”.
La frase, más que generar empatía pública, quedará como un desatino.
Sin embargo, y parafraseando, efectivamente este caso ha evidenciado una falla social masiva.
De todos.
La seguridad debe ser una responsabilidad que tiene origen en las acciones personales y que luego involucra muchas circunstancias.
Los núcleos familiares.
Las amistades.
El contexto inmediato de seguridad.
También, por supuesto, la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal.
Asimismo, a las autoridades de investigación, que no solamente en Nuevo León, sino en todo el país, son muy deficientes en la búsqueda de personas.
Para empeorar, hay un lamentable y desagradable tufo politiquero, pues el caso de Debanhi ha sido utilizado por partidos y personajes políticos para señalar a sus adversarios.
Para echar culpas.
A todos nos toca el caso, porque a todos nos concierne.
Una seria autocrítica como sociedad nos debe llevar a reconocer que no todo es trabajo del gobierno, concebido en sus distintos niveles y todos sus participantes.
Reconocerlo no significa eximir a las policías de sus obligaciones.
No representa purificar a los gobernantes, si es que no cumplen con sus mandatos y, entre ellos, el más importante, el de la seguridad.
Es importante también reconocer que no todos los casos, en el país y en Puebla, tienen que ver con desapariciones forzadas.
En algunos se trata de desapariciones voluntarias.
Otros son ausencias.
Pero decirlo y reconocerlo no debe tener como consecuencia la crítica y la censura apresurada de los y las activistas.
En el estado, hasta marzo pasado, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas tenía una cifra de 10 mil 273 personas.
Más de la mitad, mujeres.
Sin embargo, siete mil 259 fueron encontradas vivas y 459 fueron encontradas sin vida.
Poco más de 70 por ciento fueron casos venturosos, en nuestro estado.
Seguían desaparecidas dos mil 555 en ese recuento, en ese momento.
Hay esfuerzos.
Se ha creado una ley estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas y hay una Comisión de Búsqueda.
Sobre todo, hay una labor loable de las organizaciones sociales.
Este 25 de abril, por cierto, colectivos feministas convocaron, a las 17:00 horas, a una manifestación afuera de las instalaciones del C5, en Cuautlancingo.
Es en solidaridad con la familia de Debanhi y de otras mujeres desaparecidas de Nuevo León y en Puebla.
Hay una tarea de todos, sobre todo en la prevención.
En esa cadena de esfuerzos, hay algún eslabón en el que yo, usted, nosotros, estamos involucrados.
O debiéramos estarlo.
