El presunto fraude por casi 100 millones de pesos de recursos públicos, que habría perpetrado el poblano Enrique Solana Sentíes, desde el cargo que ocupó como presidente de la Concanaco Servytur, involucró a un cúmulo de “empresas fachada”, las que fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF), lo que comprueba el viejo dicho de que “no hay crimen perfecto”.
El conocido como uno de los “príncipes de la derecha” recibió dinero a manos llenas del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Y a manos también llenas habría cometido delitos.
En la pasada entrega, dimos cuenta de las generalidades de este caso, en el que Solana Sentíes y varios de sus allegados está involucrado en el desvío de 60 por ciento de más de 159 millones de pesos, que el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) le entregó al organismo empresarial que presidía el poblano, entre 2014 y 2016.
Los años dorados del peñismo, aparentemente, también fueron tiempos de excesiva prosperidad para el empresario de derecha, que hoy está en el ojo de las autoridades.
Para este caso específico, Enrique Solana Sentíes, otrora presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco Servytur), aplicó la más vieja de todas las recetas, la utilización de empresas fachada.
Trece en total, para esta operación.
Supuestas consultoras o empresas de asesoría.
Ninguna de ellas tenía empleados.
Sus domicilios fiscales estaban en casas casi abandonadas, en zonas populosas de la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara.
O de plano en unidades habitacionales.
Por supuesto, la mayoría sin Registro SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano) ni registro en la Concanaco Servytur.
Por supuesto, en el gobierno de Enrique Peña nada le hubiera ocurrido.
Pero son tiempos nuevos, y el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, es especialmente hábil para detectar estos fraudes.
La triangulación fue así.
El Inadem dio a la confederación, a través de más varios programas, recursos en un centenar de entregas, entre los años 2014 y 2016, un total de 159 millones 398 mil pesos.
A empresas reales se fue 40 por ciento de los recursos.
Pero 60 por ciento fue a dar a empresas fachada, para luego ser entregados, presuntamente, al poblano y sus operadores.
El monto de la operación aparentemente fraudulenta, que se ha detectado en investigaciones, es de 95 millones 638 mil 800 pesos.
Las empresas son:
BCF Inmobiliaria SA de CV
Impulso Vertical SC
Innova e Impulso Consulting Group SC
Integra Servicios y Soluciones Empresariales SA de CV
Servicios para Optimizar la Tecnología SC
T.P.C. Consulting de México S.A. de C.V.
Trixbox de México A. en P.
Corporativo de Asesoría y Consultoría para el Desarrollo de Negocios SC
CSR Proyectos Especializados SC
JCRA Proyectos Integrales SC
Rauda Global Consulting Services SC
Consultora Mexicana de Negocios, S.C.
Business Coaching Firm SC
Todo un clúster.
A su servicio.
Podría tratarse del primero, de varios príncipes de la derecha, en un proceso judicial así de importante.
Hoy la UIF le pisa los pasos al poblano.
