La periodista Lydia Cacho ha venido mostrando pistas que desudan que el cerco que debiera cerrarse contra sus presuntos torturadores, encabezados por el ex gobernador Mario Marín Torres, se intensifica, pero para protegerlos.
Esta tarde de lunes, la escritora y periodista publicó en su cuenta de Twitter una proclama, un grito más, de esta larga cadena de un caso de más de 15 años, en el que denunció:
“La corrupción del poder judicial de México sigue igual. Dos jueces de #Puebla liberan las cuentas congeladas de los prófugos torturadores y tratantes de niñas. El ex gobernador #MarioMarin y #KamelNacif 800 millones. Libres para moverse a su antojo; buscados por Interpol”.
La pregunta sigue tan vigente, como cuando en abril de 2019, el ex mandatario poblano y sus presuntos cómplices en este célebre caso se hicieran humo: ¿quién protege a Marín?
La respuesta no tiene muchas opciones.
Porque la certeza y obviedad es una: se trata de un caso federal.
De acuerdo con la ampliación de la información, los jueces Primero de Distrito, Miguel Arrollo Herrera, y Octavo de Distrito, Pedro Arrollo Soto, liberaron las cuentas de Marín y Nacif.
La acusación de la autora de Los Demonios del Edén no es la primera.
Se debe ver como parte de una añeja denuncia de que hay colusión de las autoridades federales del más alto nivel, para que ni Marín ni sus presuntos cómplices sean apresados.
Es más, otros involucrados, como las dos mujeres policías ministeriales a quienes se acusa de haber sido las autoras materiales de la tortura, cuando la periodista fue trasladada de Cancún a Puebla en diciembre de 2005, ya obtuvieron su libertad completa.
Una, ni siquiera pisó la cárcel, pues se mantenía también prófuga.
En esa misma posibilidad, de que la justicia federal los termine amparando, están Marín, Kamel y Adolfo Karam, quien en aquel tiempo era director de la Policía Judicial.
Para Lydia Cacho, que se ha cansado de gritar que hay colusión, el principal responsable de que no se haya apresado a sus presuntos torturadores es el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
“Todo esto el fiscal (Gertz Manero) lo tiró a la basura por bocón, por inútil y, probablemente, me atrevo a decirlo, porque tiene algún interés en que mi caso no llegué a las últimas consecuencias”, acusó Cacho, cuando la Fiscalía informó que había iniciado ante el gobierno de Líbano los trámites para extraditar a Nacif Borge.
Eso ella lo tradujo como una abierta advertencia para que el empresario textilero se previniera.
Volviera a huir, si quería.
La pregunta sigue sin respuesta.
Aunque ésta sea tan obvia.
¿Quién protege a Mario Marín?
