Arturo Luna Silva / [email protected] / Twitter: @ALunaSilva
En un estado que se respete, hay decisiones que inhabilitan moralmente para siempre. Una de ellas es usar la toga para beneficiar a un depredador sexual. Y, sin embargo, en Puebla eso no solo ocurrió: se toleró, se olvidó… y se recicló.
Hace un par de años, Lucio León Mata, entonces juez de Oralidad Penal y de Ejecución en Huauchinango, fue suspendido después de protagonizar uno de los episodios más vergonzosos del Poder Judicial reciente: reclasificó un delito de violación sexual contra una menor de 14 años como “estupro”, lo que permitió concederle la libertad bajo caución al agresor.
No fue un error técnico. No fue una interpretación discutible. Fue una aberración jurídica con consecuencias concretas: un presunto violador en la calle y una víctima revictimizada por el propio sistema. Por eso fue suspendido.
La pregunta que hoy debería escandalizar a todos es simple y brutal: ¿para qué regresó ese juez al sistema judicial? ¿Para impartir justicia? ¿O para volver a hacer exactamente lo mismo: usar la ley como coartada para torcerla?
Porque hoy, ese mismo nombre vuelve a aparecer en un contexto igual de tóxico: el entorno judicial que rodea al proceso de Miguel Ángel Celis, “El Animal”. Un imputado que no se ha caracterizado por confiar en la ley, sino por buscar influencias, presionar, presumir respaldos y operar políticamente su expediente. El paralelismo es imposible de ignorar: por un lado, un personaje con dinero, poder y fama de torcer voluntades; por el otro, un juez con historial probado de torcer la ley en un caso donde era imperdonable hacerlo.
No hace falta probar un soborno para entender el problema. El problema es estructural. Un juez que ya cruzó esa línea no vuelve confiable por decreto. Y aquí está el verdadero escándalo: el sistema que lo reincorpora.
Porque cuando un juez que favoreció a un agresor sexual de una menor regresa a juzgar la libertad de las personas, el mensaje institucional es devastador: en este país, incluso las peores decisiones judiciales no tienen consecuencias permanentes. Eso convierte a cualquier ciudadano en rehén del azar judicial. Ya no importa quién tenga la razón, sino qué juez te toca.
Y en ese contexto, Miguel Celis no parece un accidente: parece un cliente natural del sistema. Un sistema donde hay presos de primera y presos de tercera, donde hay jueces reciclados, donde hay privilegios carcelarios, y donde la justicia cada vez más se administra por relaciones y no por expedientes.
La pregunta de fondo ya no es si Miguel Celis es culpable o inocente. La pregunta verdaderamente grave es esta: ¿qué tan segura puede estar una sociedad donde un juez que ayudó a liberar a un presunto violador vuelve a tener poder sobre la libertad de las personas?
La respuesta es incómoda, pero clara: no puede estar segura. En absoluto. Porque cuando la justicia recicla a sus peores perfiles, deja de ser justicia y se convierte en administración selectiva de la impunidad. Y porque cuando caen los protegidos, muchas veces también caen quienes los protegieron.
En Puebla, en Tehuacán y en todo el estado, la gente está mirando. Y esta vez, ya no hay toga que alcance para tapar la podredumbre.
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