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En enero próximo, Puebla dirimirá entre seis y ocho procesos extraordinarios municipales, pues se prevé que ese mismo rango de elecciones en ayuntamientos sea anulado, principalmente por el rebase de topes de gastos de campaña, aunque hay también otras irregularidades como posibles causales.
Para éstos, los cuatro partidos que desde el pasado 6 de junio perdieron el registro en el estado seguirán vivos, podrán participar y, si ocurre un milagro, hasta podrían remontar sus números y aspirar a recuperar la formalidad como institutos políticos en Puebla.
Pero dependen verdaderamente –que quede claro– de un milagrazo.
Sin embargo, han prendido sus veladoras con económico fervor, por el negociazo que significa un registro partidista.
Se trata de Redes Sociales Progresistas (RSP), identificado con la maestra Elba Esther Gordillo, que quedó muy lejos de ese tres por ciento obligatorio, en el estado, y le fue todavía peor a nivel nacional.
Fernando González Sánchez, dirigente nacional y yerno de “la maestra”, resultó un fiasco total, un monumento a la incompetencia.
Fuerza por México, que a nivel nacional dirigió Gerardo Islas Maldonado, diputado local saliente, también está en esa lista.
Asimismo, Compromiso Por Puebla, que nació en el morenovallismo y había resistido ya varios procesos como rémora del Partido Acción Nacional (PAN).
Y el Partido Encuentro Solidario (PES), antes Encuentro Social, de Fernando Manzanilla, que por segunda ocasión consecutiva no alcanza el mínimo para subsistir.
Los municipios que se consideran con anulaciones casi seguras son: Teotlalco, San José Miahuatlán, Teziutlán e Ixcaquixtla.
También el proceso en San Martín Texmelucan, que dio la victoria a Norma Layón, de Morena, está tambaleante, por la “falta de certeza” y las “confusiones en las actas”.
A pesar de que el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 fue el más impugnado de la historia en Puebla, con más de 350 procesos radicados en los tribunales Estatal (TEE) y del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), eso no se ha reflejado en los casos postelectorales.
La razón es que la mayoría de esos recursos que presentaron varios militantes, tuvo más que ver con procesos internos de selección de candidatos.
Pero volvamos a la chiquillada que se quedó sin registro y sin ministraciones de recursos públicos, para seguir viviendo a costa del erario.
La realidad es que las combinaciones aritméticas para que rescaten sus registros son casi imposibles que ocurran.
Los cuatro partidos que perdieron el registro quedaron muy por debajo de ese tres por ciento, en el promedio que se hace de sus votaciones en las diputaciones locales y los ayuntamientos.
Sin embargo, se van a aferrar a cada voto que puedan rescatar en esos procesos.
A esos partidos y sus dirigentes es a quien más les conviene que más y más impugnaciones progresen.
Y con ellas, se logren más elecciones extraordinarias.
Hay impugnaciones, sin que se pueda suponer que progresarán, solicitando la anulación en otros ocho municipios:
Tzicatlacoyan, Huehuetlán el Grande, Xayacatlán de Bravo, Chiconcuatla, Coxcatlán, Vicente Guerrero, Lafragua y Acatzingo.
Y en tres más está el supuesto de rebase de topes de más de cinco por ciento y la diferencia menor a cinco puntos, entre el ganador y el segundo lugar, contemplado en el Artículo 41 de la Constitución como causa de nulidad, en:
San Jerónimo Tecuanipan, Jolalpan y Coxcatlán.
Los jaloneos en tribunales se llevarán todavía varios meses.
El resultado se conocerá a finales de este 2021.
Para saber exactamente cuántos procesos extra se llevarán a cabo.
Es como un repechaje para la chiquillada, independientemente de los intereses políticos que en cada caso están en juego.
Un hilo, casi como el de una telaraña, los mantiene con vida.
Al menos, para la cita de enero.
