La reelección por unanimidad de Héctor Sánchez Sánchez como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es un triunfo con un indispensable componente institucional, por supuesto, pero también uno político, de mucho peso, pues ha quedado constancia de la seriedad, agilidad y habilidad del magistrado, quien repite al frente del Poder Judicial del estado, para el periodo 2021-2025.
En un intento burdo y pueril, con lo que se ha llamado la Operación Mongol, José Roberto Grajales Espina, viuda del morenovallismo, buscó orquestar la “caída” de Sánchez.
El resultado ha sido la evidencia y la deshonra públicas de este personaje y otros a quienes arrastró.
Entre ellos, la magistrada Margarita Gayosso Ponce, a quien pretendió Grajales utilizar como testaferro en sus ambiciones de controlar el TSJ para desde ahí maniobrar a favor de los morenovallistas denunciados por corrupción en pleno proceso electoral.
(La primera declinó su “candidatura” y los dos terminaron votando por Héctor Sánchez, con la cabeza agachada y cola entre las patas).
Vaya despropósito absurdo.
A través de Twitter, el autor de esta Garganta Profunda lo denunció el pasado domingo por la tarde-noche.
La pólvora de la Conjura Mogol terminó empapada de su propia ineptitud.
Ni chispas generó.
Grajales, yunquista de cepa (que lo sigue siendo), ha sido exhibido.
Ha quedado muy claro que es un cadáver político y que emana ya un desagradable hedor en lo institucional.
Pensó, Boby Grajales que operaba sus conjuras provincianas, parecidas a las que armaba en los años dorados del morenovallismo desde las mesas de una conocida taquería de la 25 Oriente-Poniente, mientras se despachaba unos de sesos.
Son hoy otros los tiempos.
Y en éstos, Sánchez ha sido institucional.
Así lo reconocen en otros escenarios.
Desde los otros poderes.
Desde Casa Aguayo se considera que Héctor no ha defraudado la confianza ni a Puebla.
Es visto desde el Poder Ejecutivo como una pieza importante para la justicia sobre la corrupción del pasado.
A pesar de su origen político, ha sabido honrar su responsabilidad.
Sin dobleces.
Ni siquiera en camino sinuoso.
Lo impulsó Tony Gali, cuando fue gobernador, a pesar y por encima del finado Rafael Moreno Valle, para suplir a Roberto Flores Toledano en el TSJ.
Pero ha sabido andar con independencia.
La relación hoy entre los Poderes Judicial y Ejecutivo del estado es republicana y hay una saludable separación.
En el informe de Sánchez, el 10 de diciembre pasado, el gobernador Miguel Barbosa advirtió que no daría línea.
Que nunca presionará a ningún integrante del Poder Judicial.
Lo ha cumplido.
Barbosa no se metió en la reelección, aunque para muchos era obvio que sus simpatías estaban con Héctor.
Fue reelecto con los votos de todos los 24 magistrados presentes.
Uno de ellos está imposibilitado: Enrique Flores, quien está hospitalizado por COVID.
Pese a todo, efectivamente estos son otros tiempos.
Las conjuras perversas ya no funcionan.
Los Poderes se miran con respeto.
Pero a la distancia.
Una muy sana.
