Las explosiones en San Pablo Xochimehuacan, que tuvieron una reacción rápida y adecuada de las autoridades federales, estatales y municipales, para evitar una tragedia mayor, deja evidencia de que la ordeña de ductos, ahora principalmente de gas, ha migrado de zonas despobladas, a las urbanas. Los criminales que ocasionaron este infierno no pueden quedar impunes, como ha subrayado el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Un muerto y unos 30 hospitalizados, muchos graves, de acuerdo con el último corte, es el saldo.
Más de 50 casas, entre destruidas totalmente o dañadas parcialmente.
Los afectados son gente pobre de esa junta auxiliar.
Muy pobre.
La gravedad de los heridos, algunos que están intubados y luchan por sus vidas, es mucha.
En las imágenes, que no deben compartirse para salvaguardar su dignidad y porque son muy sensibles, se ven algunos y algunas con quemaduras en 70 por ciento del cuerpo.
Cobijados apenas por sábanas.
Desconcertados, en medio de una noche muy oscura.
Llenos de pavor, mientras a sus espaldas arde el infierno que causaron los criminales con su voracidad.
Los videos causan tristeza, llaman a la solidaridad y despiertan indignación contra los culpables.
Por su perversidad de enriquecerse a partir del robo.
Sin medir las consecuencias.
Sin importarles las vidas que pueden arrebatar.
Con una red, seguramente, de muchas complicidades.
Con objetividad, también hay que reconocer que, en este caso, se evitó una tragedia de proporciones impensables.
Algo mucho peor imaginamos, por el nivel de las tres explosiones que se registraron en la madrugada de este domingo.
Todas en relación directa con esa fuga en una toma clandestina, en esa junta auxiliar de la capital poblana.
La referencia trágica está en San Martín Texmelucan, en 2010.
Varias explosiones por una toma clandestina de combustible dejaron 29 muertos, 52 heridos, 80 viviendas dañadas.
Doce de los fallecidos eran menores de edad, tras ese terrible 19 de diciembre de hace 11 años.
Las condiciones hoy son distintas.
Desde agosto de 2019, el huachicoleo y el huachigaseo en Puebla han disminuido en 40 por ciento de tomas clandestinas.
Ya no es tan frecuente ver que se localicen en los campos de cultivo del llamado Triángulo Rojo, en los municipios del Valle de Tepeaca.
Sin embargo, la madrugada de este domingo nos estalló en el rostro a los poblanos la nueva realidad, que era ya sospecha firme.
El robo a los ductos de gas se realiza en zonas urbanas.
Estos criminales han migrado sus operaciones.
Este modus operandi, se había localizado en Ecatepec, Estado de México, y en los cinturones de pobreza de la Ciudad de México.
En segmentos de los ductos del tramo Tuxpan- Azcapotzalco.
En abril pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la expropiación de los predios en que se localizaron tomas, con base en la Ley de Extinción de Dominio.
Eso pasará en Puebla seguramente, en el predio privado en el que además estaban una pipa de 10 mil litros y 25 cilindros de 20 kilos, que eran cargados.
Sin duda, como sentenció el gobernador poblano, sobre los responsables caerá todo el peso de la ley.
Muchos delitos federales y del fuero común cometieron.
Para comenzar, homicidio.
Pero sin duda hay, como en todo el contexto de robo a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la sospecha lógica de una red de corrupción.
Una que puede involucrar a autoridades y hasta a la población, lamentablemente.
Es ilógico suponer que, al menos los vecinos más próximos al predio en que estaba la toma clandestina, no advirtieran que algo ocurría.
Dentro de todas estas reflexiones, hay que reconocer la reacción de las autoridades.
Desde que se advirtió y se reportó la nube de gas, comenzó el desalojo.
En la madrugada se salvaron las vidas.
Muchísimas.
La coordinación fue fundamental.
Protección Civil estatal y municipal, Pemex, Bomberos, policías del estado y del municipio, gobiernos estatal y municipal.
Aquellos que todo critican desde las vísceras, a ver si esta vez reconocen.
¿O se van a poner del lado de los criminales?
