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La integración de la próxima LXI Legislatura local está en vilo, a nueve días del arranque formal de sus trabajos, y la responsabilidad directa es atribuible a las dirigencias estatal y/o nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En su afán de poner el pie a sus propios candidatos, los personajes que controlan la burocracia partidista sabotearon su comprobación de gastos y los hicieron caer en irregularidades, que los pueden llevar a perder en la mesa los triunfos que obtuvieron en las urnas.
Hay evidencias de sobra.
En el tema legislativo, específicamente, las anomalías en la comprobación de gastos han damnificado a los ganadores de los distritos 9, Melissa Jauli, y 20, Antonio López, las dos demarcaciones con cabecera en la capital del estado.
Les ocultaron las claves para tener acceso a rendir sus comprobaciones.
Deliberadamente –es lo que salta a la vista– los hicieron caer en rebase de topes de gastos de campaña.
Literalmente, a su nombre facturaron cuentas que ellos no generaron.
Así superaron el límite, por mucho más de ese 5 por ciento que de sí ya es ilegal y configura, en las normas secundarias y en la Constitución, un escenario de nulidad.
Las perversas coincidencias están a la vista.
Delatan abierto dolo.
Hay que ver la película completa, para entenderlo.
En la elección más grande de la historia del país, la de este 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) encontró indicios de rebase en los topes gastos de campaña en 269 procesos.
De todos los que se dieron en el país para elegir gubernaturas, alcaldías y diputados locales y federales.
De esos 269 casos, en Puebla se registró la contundente mayoría: 207.
(Imagen 1)
Y de esos 207 que en el estado se dieron, entre alcaldías y diputaciones locales, 180 son específicamente de Morena.
¿Qué pasó entonces?
La evidente incompetencia o flagrante dolo de las dirigencias, lo mismo la estatal que la nacional, del partido lopezobradorista ha puesto en riesgo muchos triunfos.
De entrada, estos dos de diputaciones locales.
(Imagen 2)
Aunque también hay una decena de ayuntamientos.
El gobernador Miguel Barbosa denunció este lunes, en su conferencia matutina, que hay “información corroborada” de que el sabotaje contra esos dos candidatos y otros más, en el caso de alcaldías, vino desde dentro.
“Tengo información corroborada de que el propio partido, la propia dirección, no sé a qué nivel, si es estatal o también nacional, le cargaron tanto al Distrito 20 y su candidato de Morena y PT, como al Distrito 9 y su candidata de Morena, uno es Toño López y otro es Melissa Jauli, y otros candidatos municipales de Morena, gastos que nunca hicieron”, acusó.
La evidencia aritmética salta a la vista.
Es inviable suponer que en 180 casos hubo solamente ineptitud.
Menos aún en el tema de las diputaciones, porque hay elementos adicionales que se deben considerar.
Las combinaciones que resulten de los triunfos o posibles derrotas de Morena y sus candidatos de esas demarcaciones, afines al barbosismo, benefician o perjudican directamente a los enemigos del grupo del gobernador.
Por ejemplo, si entra Jauli como diputada de mayoría, en automático tendrá que decir adiós a su curul plurinominal el impresentable Carlos Alberto Evangelista, exdelegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y acusado de la venta de candidaturas.
Si las cosas se pusieran todavía peor y también quedara fuera Toño López, entonces se abriría la posibilidad de que la diputada en funciones Tonantzin Fernández Díaz –señalada como traidora– saltara a la próxima Legislatura por la vía plurinominal, por ser la tercera en esa lista.
Todo esto, por el tema de la sobrerrepresentación.
Bajo esa norma, Morena no puede rebasar los 15 representantes en el próximo ejercicio, equivalente a 36.5 por ciento de las 41 curules.
Así que unos terminan sacando a los otros.
La mano negra estuvo en casa.
Efectivamente, debe haber castigos ejemplares.
Se llame como se llame.
Evangelista, Garmendia o Delgado.
Nadie puede rehuir su responsabilidad.
