Arturo Luna Silva / [email protected] / Twitter: @ALunaSilva
Algún beneficio para Puebla tendría que tener que el régimen haya tomado por asalto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), también conocida como La Corte del Bienestar o La Corte del Acordeón.
Y es que ahora ya no hay pretexto para que los señores ministros y las señoras ministras de la 4T reviertan uno de los fallos más absurdos y corruptos de la historia reciente, que afecta sensiblemente las finanzas públicas del estado.
Por resolución de la SCJN del 12 de julio de 2024, el gobierno de Puebla se ve obligado a pagar una indemnización de más de 640 millones de pesos por una obra que una constructora ¡nunca construyó!.
Se trata de la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones, a la cual en 2009, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, le canceló un contrato de construcción y concesión que su antecesor, Mario Marín Torres, le había otorgado para el Libramiento Poniente, misma que en ese momento registraba cero avance.
En un país como México en el que el surrealismo en más intenso que en las pinturas de Dalí, hace poco más de un año, los integrantes de la Segunda Sala de la SCJN decidieron -por mayoría de votos- desechar una revisión de amparo que solicitó el gobierno poblano contra una resolución emitida desde 2022 por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla a favor de la empresa.
En ese amparo -hoy ese tema tan en boga-, increíblemente se concedió la razón a Melgarejo Construcciones y Concesiones por reclamar el pago de una indemnización.
Este contrato era para construir y operar ¡por 30 años! un libramiento que conectaría a la autopista Puebla-México, a la altura de Huejotzingo, con la autopista Puebla-Atlixco y el Arco Norte.
En su momento, el gobierno morenovallista argumentó también otras irregularidades graves para cancelar la concesión, como que el contrato se entregó por la administración marinista sin licitación.
Fue la -ratificada- ministra Lenia Batres Guadarrama quien, a través de sus redes sociales, divulgó en 2024 este despropósito, señalando que el fallo de la Segunda Sala era tan lesivo como ominoso para Puebla
Dijo que los ministros de entonces favorecieron intereses privados en agravio del erario.
También explicó que declararon la denominada “negativa ficta”, es decir, que ante la falta de respuesta de la autoridad, se debía dar la razón a la parte demandante.
Y que aunque el gobierno de Puebla promovió un amparo directo, este fue sobreseído en un Tribunal Colegiado y el recurso de revisión de este caso llegó a la SCJN, donde se fraguó el golpe contra el estado, el cual a la fecha está obligado a pagar a la empresa el monto total de la inversión que realizó para el proyecto Libramiento Poniente de la ciudad de Puebla, “más el rendimiento convenido en el título de concesión y los accesorios que por ley correspondían”.
Es decir: ¡más de 640 millones de pesos!
Actualmente, ya con la nueva Corte, La Corte del Bienestar, cabilderos del área jurídica del gobierno del estado trabajan a marchas forzadas para revertir ese fallo que, efectivamente, es tan injusto como desmesurado.
Como ministros y ministras aliados al régimen, se espera que a la brevedad le hallen la cuadratura al círculo para que Melgarejo Construcción y Concesiones no se salga con la suya.
Ya lo dijo hace algunas semanas, claro y fuerte, el gobernador Alejandro Armenta Mier: “Antes que me encarcelen a que yo pague por algo que el gobierno no debe”.
Y es que, en efecto:
La anterior Corte se extralimitó.
Sirvió a intereses privados por encima de intereses públicos.
Y todo en medio de un evidente mar de corrupción y tráfico de influencias.
¿Qué mejor que el Caso Melgarejo para que La Corte del Acordeón demuestre que realmente está al lado del pueblo y acabe de una buena vez con un acto tan abusivo y lesivo para las finanzas de Puebla?
Porque ya lo dijo el clásico:
“¡Qué asquerosidad es esto, eh!”.
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