Arturo Luna Silva / [email protected] / Twitter: @ALunaSilva
El debate sobre la Reforma Judicial viene desarrollándose desde hace mucho tiempo, no solamente en las dos últimas e intensas semanas, en las tribunas de las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Desde la Presidencia, en las conferencias mañaneras, se ha sembrado con éxito en la opinión pública -y hay mediciones- la idea de que todos los jueces son corruptos y es urgente la limpia en los órganos de la impartición de justicia.
Dos casos que tocan a Puebla, el de Mario Marín y de Javier López Zavala, han servido para apuntalar precisamente esa narrativa, la narrativa del régimen.
Este martes, nuevamente en la conferencia en Palacio Nacional, se abordaron esos y otros asuntos.
La titular de la SSPC de México, Rosa Icela Rodríguez, denunció los “sabadazos”, es decir, cuando los jueces y juezas aprovechan los fines de semana para dar amparos y liberar a reclusos.
Sobre el tema, recordó y volvió a acusar que la jueza del Poder Judicial Federal, Segunda de Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Juárez, benefició a Mario Marín, con el cambio de medidas cautelares, para que esté recluido en su casa en Puebla, y le puso elementos de la Guardia Nacional para cuidarlo.
El ex mandatario está acusado de delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, en el tristemente célebre caso del góber precioso.
Rosa Icela Rodríguez se refirió, también este martes, al caso de Javier López Zavala, uno de los ex funcionarios de más alto rango del marinismo.
Acusó que, de manera irregular, integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Puebla le otorgaron un amparo, que lo beneficia en su búsqueda de quedar en libertad, por la presunta autoría intelectual en el asesinato de su ex pareja, la abogada y activista Cecilia Monzón.
Sin embargo, eso está muy muy lejos de ocurrir.
Como esos dos casos poblanos, ya casi como una sección fija, en las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador se han venido denunciado corruptelas y presuntos delitos en la procuración y administración de justicia del sistema mexicano.
“El Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y de cuello blanco”, ha sido la lapidaria conclusión que ha reiterado por meses.
Por años.
Es la narrativa que una y otra vez ha apuntalado.
“Siguen siendo partícipes de la impunidad y corrupción que impera en México”.
La andanada no es nueva, ni es del todo imprecisa.
El primer momento en que López Obrador fue duro con los impartidores de justicia fue por allá de noviembre de 2022.
Severísimo.
“Al final (los delincuentes) resultan inocentes y los liberan, porque se integró mal la averiguación o por cualquier excusa, cualquier pretexto. Porque resulta que se vuelven muy muy muy legalistas. Es un problema estructural, pero hay que atenderlo”, dijo en la conferencia mañanera del 24 de noviembre de 2022.
Desde entonces perfilaba su Reforma Judicial, al menos en el discurso mediático.
Los meses siguientes, el presidente fue comentando poco a poco datos de su propuesta.
Por ahí de septiembre de 2023 soltó la bomba de que plantearía que los jueces, magistrados y ministros fueran elegidos en las urnas.
Siguió el debate.
Fortaleció sus argumentos en la mañanera.
Lo hizo constantemente.
Consistentemente.
En julio pasado presentó formalmente y completo el documento ante el Congreso de la Unión.
La narrativa la tiene en la bolsa hace mucho.
La votación -después de lo que se vio en las últimas horas en el Senado- también.
El régimen necesitaba un traidor de la oposición.
Al parecer ya tiene dos.
Más que suficiente para sacar la Reforma Judicial.
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