Garganta profunda
Arturo Luna Silva
[email protected] / Twitter: @ALunaSilva
Una reflexión urgente, acompañada de impostergables acciones, deberán hacer muchos presidentes municipales, quienes eluden su responsabilidad constitucional como primeros respondientes en el tema de seguridad pública, con la excusa de que los delitos que ocurren en sus territorios son de dimensiones federales, como el huachicol, el trasiego de droga y otros. Mucho pueden y tienen que hacer en el ámbito de inteligencia –desde sus capacidades–, garantía de honestidad de sus cuerpos policiacos y la prevención de crímenes.
Municipios como Chignahuapan, Zacatlán y el eterno problema en Tecamachalco, son prueba de esta circunstancia.
El primer caso, en donde el fin de semana fueron ultimados dos agentes municipales en una refriega con presuntos huachicoleros, ha surgido la hipótesis de la posible infiltración de la delincuencia a la Policía Municipal.
Al menos uno de los abatidos en Chignahuapan, el agente varón, pues la otra fue mujer, tenía una orden de aprehensión, reveló el gobernador Miguel Barbosa en su conferencia de prensa.
Se trata de Juan Carlos N, quien fungía como director de Operaciones de la Policía Municipal y tenía una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.
Todo, inclusive antes de que ingresara a esa corporación.
Hay allí, sin duda, una responsabilidad del ayuntamiento.
En Zacatlán, en tanto, se dio el ataque de un grupo armado, con saldo de dos muertes y al menos nueve heridos.
Se trató de un ataque directo, con armas de uso exclusivo del Ejército, contra jóvenes de entre 18 y 24 años que consumían bebidas alcohólicas en un establecimiento.
En casos como este, muchas ocasiones, por no decir que siempre, hay la posibilidad de que la policía del lugar, la primera respondiente con la autoridad municipal, tenga mucha información.
Aplica, sin duda, la frase popular de “todo llega a saberse”.
Está otro ejemplo en el eterno caso de inseguridad de Tecamachalco, en donde todos los días hay hechos que lamentar.
En donde la población vive en zozobra.
Y en donde particularmente el alcalde, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, se lava constantemente las manos.
Cuando no le echa la responsabilidad al gobierno del estado, promete que habrá mayor presencia de la Guardia Nacional en ese territorio.
Ignora, o lo omite, el hijo de Ignacio Mier Velazco que, constitucionalmente, es el principal responsable de la seguridad.
Sobre lo segundo, más allá de sus fotos en Facebook con el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, nada ocurre.
No hay más apoyo federal.
En cambio, es la Policía Estatal la que ha tenido que tomar el control en Tecamachalco.
Casos así, en menor dimensión, pueden ocurrir o se han registrado en otros municipios.
El gobierno estatal, por cierto, ha estado entregando patrullas, como prometió y como demandaron los alcaldes.
Lo que no puede consentirse es que eludan una responsabilidad que es constitucional.
Una de las mayores.
La seguridad de sus gobernados.
