El titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, informó de 133 auditorías realizadas en 2025, centradas en diez dependencias o entidades del gobierno estatal.
En su comparecencia ante diputados de comisiones unidas del Congreso, con motivo del primer informe de labores del gobernador Alejandro Armenta Mier, el funcionario dijo que la dependencia a su cargo radicó 312 expedientes por presunta responsabilidad administrativa, ordenando diligencias en todos los casos.
Destacó el relacionado con posibles actos de corrupción en la ejecución de la obra del Museo Internacional del Barroco en la administración del exgobernador, Rafael Moreno Valle, donde continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.
En respuesta a los diputados, precisó que, en 2025, las diez dependencias o entidades donde están centradas las 136 auditorías realizadas son: Planeación, Finanzas y Administración (22); Educación Pública (8); Infraestructura (6); Convenciones y Parques (4); Servicios de Salud (4); Museos de Puebla (3); la propia Secretaría Anticorrupción (3); Agricultura (3); Bienestar (3) y Medio Ambiente (3).
Otras 11 auditorías especiales: Finanzas (3); Infraestructura (1); Deporte y Juventud (1) y la SEP (1); además la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital.
Además, cuatro auditorías a entidades: Universidad de la Salud (1); Convenciones y Parques (2) y el Instituto de capacitación para el trabajo (1).
Precisó que de estas, seis ya concluyeron, dos están en seguimiento y tres en proceso de desahogo.
Sobre el área de Comunicación Social, indicó que la auditoría inició el 31 de enero, con seis observaciones que fueron solventadas por un monto de 215 millones de pesos.
Cuestionado sobre cómo garantiza imparcialidad al auditar a dependencias del gobierno estatal, al que pertenece, aseguró que “no existe impunidad” y no hay personas ajenas al cumplimiento de la ley”.
Mencionó que actualmente la secretaría tiene 16 denuncias penales en trámite por probables delitos, para en su caso, judicializarse si se determinan responsabilidades.
Detalló que, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la obligación constitucional de presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses, se implementó el Plan Estratégico para la Presentación de Declaraciones 2025.
Indicó que las denuncias contra servidores públicos más frecuentes son: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, abuso de las funciones y conflicto de interés, mismos que se analizan.
