Esta población enfrenta un doble desarraigo: el de haber salido de su comunidad y el de haber sido devuelta en condiciones adversas, señala especialista
Claudia Espinoza
Entre enero y julio de 2025, el 34 % de municipios poblanos concentró el mayor número de deportaciones de menores de edad desde Estados Unidos, con 242 casos.
En ese periodo, 74 de los 217 municipios del estado recibieron a niñas, niños y adolescentes devueltos por las autoridades estadounidenses. La mayoría fueron hombres, con 193 casos, frente a 49 mujeres.
La capital poblana encabezó la lista con 32 menores retornados. Le siguieron Tehuacán con ocho casos; Huauchinango, Tecamachalco y Tlaola con siete casos cada uno. Otros municipios como Acajete, Amozoc, Huejotzingo, Ocoyucan, Tepexi de Rodríguez, Tochtepec, Xiutetelco, Zacapoaxtla y Zacatlán tuvieron seis.
La lista se extendió con municipios que tuvieron entre cinco y un caso de menores deportados.
Al cierre de 2025, Puebla acumuló 415 deportaciones de menores, lo que representó una disminución del 71.47 % respecto a 2024, cuando se registraron mil 353 casos.
A nivel nacional, se contabilizaron 7 mil 997 repatriaciones de niñas, niños y adolescentes, con Tamaulipas, Chiapas y Guerrero como los estados con mayor número de devoluciones.
Puebla se ubicó en el sexto lugar nacional. La mayoría de los menores poblanos deportados en 2025 tenían entre 12 y 17 años, con un predominio de varones.
Sobre este fenómeno, el especialista en estudios migratorios de la UNAM Alejandro Ibarra señaló que la reducción en las cifras no necesariamente implica una disminución en la migración infantil, sino un cambio en las rutas y en las estrategias de movilidad.
Explicó que las políticas de control fronterizo en Estados Unidos han modificado los patrones de deportación y que los adolescentes varones siguen siendo los más vulnerables, pues suelen viajar acompañando a familiares en busca de oportunidades laborales.
El especialista advirtió que el reto para Puebla no solo está en contabilizar las devoluciones, sino en garantizar la reinserción escolar y el acompañamiento psicológico de los menores retornados.
En opinión de Alejandro Ibarra, es necesario que las autoridades locales y estatales fortalezcan la coordinación con instituciones educativas y de salud para atender a esta población, que enfrenta un doble desarraigo: el de haber salido de su comunidad y el de haber sido devuelta en condiciones adversas.
