La ciudad de Puebla encabezó la lista de municipios con mayor número de retornos, con mil 65 de los 8 mil 706 reportados en todo el estado
Claudia Espinoza
Al cierre del 2025, el estado de Puebla recibió a 8 mil 706 migrantes deportados desde Estados Unidos, lo que equivale a un promedio de 26 retornos diarios.
Esta cifra representa aproximadamente el 6 % del total nacional, que ascendió a 144 mil 61 deportaciones en ese mismo periodo, según datos oficiales del gobierno de México.
Del total poblano, el 85.69 % fueron hombres (7 mil 460) y el 14.51 % mujeres (mil 246).
La ciudad de Puebla encabezó la lista de municipios con mayor número de retornos, con mil 65, seguida por Tehuacán (422), Atlixco (243), Huauchinango (216) y Tecamachalco (166).
Otros 13 municipios superaron el centenar de casos, entre ellos Vicente Guerrero, Zacatlán, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, San Martín Texmelucan, Ajalpan, Tlacotepec, Tepeaca, Zacapoaxtla, Palmar de Bravo, Xicotepec, Tlatlauquitepec y Xiutetelco.
En conjunto, estos 18 municipios concentraron el 43.79 % de las deportaciones registradas en el estado.
La respuesta institucional se articuló en varias fases que incluyeron la implementación de un protocolo de atención para migrantes retornados, la entrega de apoyos económicos para proyectos productivos, programas de apoyo y planes locales para facilitar la reintegración de migrantes deportados.
Estas acciones fueron coordinadas principalmente por el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), en colaboración con la Secretaría de Gobernación estatal.
Para Mariana López García, investigadora del Centro de Estudios Sociodemográficos de la UNAM, la deportación implica una reconfiguración forzada de trayectorias laborales, familiares y comunitarias. “Los municipios receptores deben asumir que el retorno implica demandas concretas en empleo, salud mental, vivienda y educación, especialmente en zonas rurales donde la oferta institucional es limitada”, dijo.
Subrayó que los programas de reinserción deben considerar el perfil de los migrantes retornados, brindándoles la posibilidad de reinsertarse en el mercado local.
“La falta de reconocimiento de habilidades adquiridas en el extranjero y la ausencia de mecanismos de certificación agravan la exclusión”, explicó.
Finalmente, advierte que la respuesta estatal debe ser sostenida y territorialmente diferenciada. “Se requiere una política pública integral que articule a los tres niveles de gobierno, promueva la participación comunitaria y garantice el acceso a derechos. De lo contrario, el retorno migrante se convierte en un ciclo de vulnerabilidad y desarraigo.”
