Mientras el Cereso de San Pedro Cholula opera al 185.5 % de su capacidad, centros como Tepexi de Rodríguez mantienen una disponibilidad del 39.8
Claudia Espinoza
Al cierre de enero pasado, el sistema penitenciario del estado de Puebla albergaba a 7 mil 304 personas privadas de la libertad, distribuidas en 16 centros penitenciarios. Aunque la capacidad total es de 7 mil 579 espacios –lo que implica una disponibilidad de 275 lugares–, la realidad interna es desigual y revela focos críticos de sobrepoblación que contrastan con el promedio estatal.
El caso más grave es el Cereso de San Pedro Cholula, que opera al 185.5 % de su capacidad, con 454 internos en un espacio diseñado para 159. Le siguen los Ceresos de Libres (85.3 %), Huejotzingo (82.1 %) y Acatlán (51.7 %), todos por encima de su límite operativo.
En contraste, centros como Tepexi de Rodríguez mantienen una disponibilidad del 39.8 %, lo que evidencia una distribución desigual de la presión penitenciaria.
En términos jurídicos, 3 mil 548 personas se encuentran en proceso y 3 mil 86 ya han sido sentenciadas por delitos del fuero común como robo, homicidio, lesiones y violencia.
Los delitos del fuero federal –narcotráfico, armas, delincuencia organizada, delitos fiscales y robo de hidrocarburos– representan 670 casos.
Durante enero de 2026, se registró el ingreso de 336 personas y el egreso de 242, lo que derivó en un incremento neto de 94 internos en un solo mes. Además, 771 personas se encuentran bajo esquemas de libertad vigilada.
A pesar de este crecimiento, Puebla reportó un nivel bajo de violencia en sus centros penitenciarios: tres decesos por causas naturales, sin riñas, fugas ni agresiones a terceros.
Comparado con entidades como Nayarit, que presenta una saturación del 202.1 %, o el Estado de México, que opera al 159.3 % con un excedente de más de 23 mil internos, Puebla muestra un contraste significativo.
Para Guadalupe Grajales, docente de la BUAP y especialista en filosofía política, “la sobrepoblación penitenciaria no es sólo un problema de infraestructura, sino de justicia social”.
Comentó que cuando los centros operan por encima de su capacidad, se vulneran derechos básicos y se reproduce la exclusión que llevó a muchos de estos jóvenes a delinquir. “El sistema debe ser capaz de reinsertar, no de castigar en condiciones de hacinamiento”.
