Los dispositivos instalados de forma clandestina son utilizados por el crimen organizado, para anticipar acciones de las autoridades y facilitar la comisión de delitos
Claudia Espinoza
Entre el 14 de diciembre de 2024 y el 9 de junio de 2026, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla retiró 577 cámaras “parásitas” distribuidas en 14 municipios.
Los dispositivos fueron presuntamente instalados por grupos del crimen organizado con el fin de monitorear los movimientos de las corporaciones de seguridad, alertar sobre operativos y proteger actividades ilícitas en distintas regiones del estado.
La estrategia de desmantelamiento comenzó desde el arranque de la administración de Alejandro Armenta, cuando la SSP, bajo el mando de Francisco Sánchez González, identificó la existencia de estos sistemas de vigilancia paralelos ubicados en postes, inmuebles y puntos estratégicos sin autorización.
Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina advierten que las organizaciones criminales utilizan estos aparatos para obtener inteligencia en tiempo real sobre patrullajes, cateos y despliegues policiales, lo que les permite anticipar acciones de las autoridades y facilitar la comisión de diversos delitos.
Desde el inicio de la actual gestión, el titular de la SSP reconoció que al menos siete organizaciones delictivas mantienen presencia en la entidad, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana.
Este diagnóstico motivó la intensificación del desmantelamiento de esta infraestructura clandestina, que se ha convertido en una prioridad para las fuerzas de seguridad estatales y federales.
PUNTOS DE OPERACIÓN
De las 577 cámaras aseguradas, 397 estaban instaladas en cuatro municipios, lo que representa 68.8 % del total detectado por la SSP.
Puebla capital ocupa el primer lugar con 104 dispositivos retirados, seguido de San Martín Texmelucan, con 102; Tehuacán con 101, Cuautlancingo con 90 y Amozoc 80.
El resto de los dispositivos fueron localizados en Ajalpan con 33, Zacatlán 14, San Salvador El Verde 13, Tecamachalco 11, Tepeaca 11, Xicotepec 9, Teziutlán 8, Venustiano Carranza 6 y Huixcolotla 5. En todas estas demarcaciones se mantienen operativos permanentes de vigilancia para frenar el avance de estas redes de espionaje callejero.
CONTRA LA IMPUNIDAD
La investigadora de la UNAM Carmina Jasso, del Instituto de Investigaciones Sociales, ha alertado sobre la velocidad con la que el crimen organizado adopta estas tecnologías.
Señala que, así como los gobiernos pueden adquirir cámaras, también lo hace el crimen organizado.
La académica subraya que las tecnologías no son neutras y enfatiza la necesidad de regular su uso, ya que la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación.
Jasso añade que, aunque las cámaras pueden ser disuasivas y aportar pruebas para las fiscalías, también podrían estar desplazando los crímenes a otros lugares.
Por lo tanto, resulta fundamental que los sistemas de videovigilancia funcionen para evitar la impunidad y generar inteligencia, pero siempre con un marco normativo claro que establezca límites y responsabilidades.
Agrega que la Ley Federal de Seguridad Privada indica que la venta, instalación o comercialización de cámaras de vigilancia requiere una autorización o registro especial. Sin embargo, no existe un control efectivo y estos equipos se ofrecen libremente a través de internet, lo que los hace accesibles para la delincuencia.
Además, la instalación en la vía pública configura el delito de usurpación de funciones, que se sanciona con penas de dos meses a dos años de prisión y multas que van de mil 173 a 11 mil 731 pesos, montos que la especialista considera insuficientes para desincentivar esta práctica.
