La presidenta confirmó en su conferencia matutina que la Fiscalía General de Puebla investiga a los hermanos González Vieyra por diversos delitos
Ilse Aguilar
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla investiga a los hermanos y ediles González Vieyra por su presunta participación en diversos delitos.
Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” de ayer, aclaró que el “operativo enjambre” no está dirigido específicamente contra autoridades, sino que es parte de pesquisas en las que han surgido indicios contra funcionarios locales.
Entre los detenidos están Giovanni González Vieyra, presidente municipal de Tlachichuca; Uruviel González Vieyra, presidente municipal de Ciudad Serdán; y su padre, Ramiro González Navarro, exalcalde de Tlachichuca.
También fue arrestado Ramiro González Vieyra, presidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, aunque
fue liberado poco después por pobladores.
Dos de los hermanos ya fueron vinculados a proceso: Uruviel enfrenta cargos por posesión de un arma exclusiva del ejército, mientras que Giovanni es acusado de encubrimiento y permanecerá en prisión.
Sheinbaum subrayó que la investigación está a cargo de la FGE de Puebla y no responde a una persecución política contra autoridades locales.
Sin embargo, advirtió que si se encuentran pruebas que impliquen a funcionarios en actividades delictivas, se actuará conforme a la ley.
Operativo federal
La dirigencia estatal de Morena afirmó que la detención de los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, responde a una estrategia
federal en contra el crimen organizado.
Agustín Guerrero Castillo, responsable del periódico oficial del partido, “El Humanista”, explicó que este operativo se ha aplicado en varios estados y que en Puebla los ediles fueron los primeros en ser capturados.
Guerrero Castillo señaló que ambos funcionarios están bajo investigación de la Secretaría de Seguridad federal por presuntos vínculos con el crimen organizado y que su caso es parte de un expediente abierto en la Fiscalía General de la República desde hace tiempo.
Aclaró que, aunque sus cargos públicos generan atención en el caso, la responsabilidad por participar en delitos es individual y debe asumirse conforme a la ley.
