Hasta agosto pasado, Puebla acumuló 785 carpetas de investigación por delitos relacionados con la extracción, distribución o comercialización de hidrocarburos
Claudia Espinoza
Durante julio de 2025, la Secretaría de Marina, en coordinación con Seguridad Física de Pemex, localizó e inhabilitó 14 tomas clandestinas de hidrocarburos en los municipios de Huauchinango y Ahuazotepec, Puebla.
Para agosto, se sumaron otras 19 tomas en los mismos municipios, lo que elevó el total anual a 185 instalaciones ilegales desactivadas en el estado.
Estas tomas eran utilizadas para la extracción de gasolina y gas licuado de petróleo.
Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, hasta agosto de 2025, Puebla acumuló 785 carpetas de investigación por delitos relacionados con la extracción, distribución o comercialización de hidrocarburos.
La entidad también registró el cierre de 40 estaciones de servicio por presunta venta de combustible ilegal, en operativos conjuntos entre la Marina, Pemex y autoridades federales.
Comparado con años anteriores, en 2019 se iniciaron mil 481 averiguaciones por delitos similares en Puebla, cifra que representa el punto más alto desde que se tiene registro.
En el primer semestre de 2024, se documentaron 369 tomas clandestinas de hidrocarburos, mientras que en el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 188, lo que representa una disminución del 49.05 %.
En cuanto al robo de gas LP, Puebla pasó de 271 tomas en el primer semestre de 2024 a 218 en 2025, una reducción del
19.56 %. A pesar de esta baja, la entidad se mantuvo como la de mayor incidencia nacional en este tipo de ilícito.
El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, José Luis Caballero, señaló que el fenómeno de las tomas clandestinas en Puebla no puede entenderse únicamente como un problema técnico o de seguridad, sino como una expresión de economías informales profundamente arraigadas en ciertas regiones.
Caballero explicó que “la persistencia del huachicol en municipios como Huauchinango y Ahuazotepec revela una falla estructural en la articulación entre Estado, mercado y comunidad. No se trata sólo de vigilancia, sino de reconstrucción institucional y alternativas económicas viables”.
El académico también advirtió que las estrategias centradas en operativos y clausuras, aunque necesarias, tienden a ser reactivas y no modifican las condiciones que permiten la reproducción del delito.
En su análisis, propuso que se integren diagnósticos territoriales participativos y se fortalezcan los mecanismos de fiscalización energética con enfoque social, especialmente en zonas con alta dependencia del comercio informal de combustibles.
