Claudia Espinoza
Puebla encabeza la lista nacional de embarazos infantiles, con cinco casos de niñas de entre 11 y 12 años que se convirtieron en madres. La situación ha encendido alertas entre autoridades, legisladores y organizaciones civiles.
En 2023 se registraron 6 mil 23 nacimientos de madres adolescentes en el estado, de los cuales 433 correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años.
Aunque la cifra bajó un 32.2% en dos décadas, especialistas advierten que los embarazos en menores de 15 años deben asumirse como señales de violencia sexual.
Ejemplos recientes revelan esta problemática: una niña de 13 años en Nicolás Bravo tuvo un hijo con un hombre de 50, mientras que en Oriental una menor de 12 fue madre de un hijo con un joven de 18.
A nivel nacional, el Inegi reportó siete matrimonios en los que una persona era menor de edad durante 2024, aunque ninguno ocurrió en Puebla.
Organizaciones como el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes han reforzado acciones en municipios como Zacatlán, donde los índices de embarazo adolescente son altos.
Expertos señalan que es indispensable fortalecer la educación sexual integral, ampliar el acceso a anticonceptivos y activar mecanismos judiciales ante embarazos infantiles.
Entre 2002 y 2023 Puebla registró mil 293 nacimientos de niñas menores de 15 años, lo que demuestra que el problema persiste a pesar de la tendencia a la baja.
Académicos como Rogelio Castillo, investigador de la Facultad de Medicina de la BUAP, advierten que el embarazo adolescente no es solo un tema médico, sino una expresión de desigualdad estructural, y urgen a implementar políticas públicas que enfrenten la violencia y protejan los derechos de las niñas.
El especialista enfatizó que muchas menores no cuentan con información confiable sobre salud sexual y reproductiva, y son responsabilizadas por embarazos ocurridos en contextos de violencia, pobreza o abandono institucional.
También subrayó que criminalizar a los adolescentes no es la solución, ya que se requiere un enfoque integral que considere los factores sociales y culturales que perpetúan la problemática.
Castillo señaló la necesidad de entornos seguros y de fortalecer la educación afectiva y sexual desde la infancia, además de garantizar que las niñas ejerzan sus derechos sin miedo ni coerción.
Finalmente, advirtió que los embarazos en niñas menores de 14 años deben activar protocolos judiciales de manera inmediata, pues de lo contrario el Estado se convierte en cómplice al perpetuar la violencia y la vulnerabilidad infantil.
