Por: Guadalupe Juárez
El estado de Puebla es uno de los 10 del país con más restricciones para las mujeres que quieren abortar; situaciones similares se registran en Querétaro, Guanajuato, Sonora, Tabasco, Aguascalientes, Baja California, Durango, Sinaloa y San Luis Potosí.
En el informe “El Camino Hacia la Justicia Reproductiva: Una década de Avances y Pendientes”, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) analizó los marcos normativos más restrictivos en materia de interrupción del embarazo, en donde contempló tanto la legislación penal como la de salud local.
A pesar de que en Puebla la pena máxima es de un año de cárcel por abortar y la mínima de seis meses, la medida es más restrictiva, por ejemplo, que en Tlaxcala, en donde también se criminaliza el aborto pero las sanciones son de entre 15 días y dos meses.
En 10 años, en la entidad se han registrado hasta 33 denuncias por interrumpir un embarazo, 17 de ellos llegaron a juicios penales y seis terminaron en sentencias, cinco contra mujeres y una contra un hombre.
De esta forma, GIRE clasificó a Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz –donde el aborto antes de las 12 semanas no es un delito– como las entidades menos restrictivas para interrumpir un embarazo.
Sin embargo, la entidad poblana es de las cinco que registra más casos de interrupción del embarazo por violación –una de las cuatro causales que permiten el aborto en el estado– con 26 casos desde enero de 2010 a enero de 2020.
Lo anterior basado en la respuesta sobre el tema de la Secretaría de Salud, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) negó la información a GIRE y reportó que no hubo ningún caso en el país.
El acceso al aborto en casos de violación sexual está permitido en el marco legal en México, sin embargo, las personas que desean interrumpir su embarazo todavía se enfrentan a requisitos contrarios a lo que dicta la legislación general.
Esto, ya que les piden la autorización del ministerio público o una denuncia previa por la agresión sexual que sufrieron, así como el consentimiento del padre, madre o tutor para hacer el procedimiento en caso de que sean menores de edad.
Se imponen de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta que otro lo haga e incurra en alguno de estos puntos: que no tenga mala fama; que haya logrado ocultar su embarazo y que éste no sea fruto de matrimonio.
