El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la FGR informar si la aeronave en que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, y su esposo, el exmandatario y senador Rafael Moreno Valle Rosas, fue utilizada para una red de trata de menores de edad en Cancún, Quintana Roo.
En su conferencia de prensa, fue interrogado por un comunicador que indicó que rastrea el vehículo el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EU.
Respondió que el accidente del 24 de diciembre de 2018, en el que murieron tres personas más junto a los políticos panistas, fue dictaminado “por una agencia que contrató la Secretaría de Comunicaciones de Transportes” y que pediría a la fiscalía federal que informe.
Luego, la FGR emitió un comunicado para señalar que desde el desplome de la nave convocó a la fiscalía estatal para llevar la investigación.
“Los peritajes técnicos quedaron a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación, dependiente de la Agencia Federal de Aviación Civil”.
La FGR –afirmó– mantiene abierta la investigación por algún posible delito federal que pueda surgir durante el proceso del fuero común.
Fueron capturadas nueve personas; cuatro siguen el proceso en libertad y cinco en prisión, acusadas de homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad de declaraciones.
El 24 de diciembre de 2020, la FGE emprendió acción contra dueño y empleados de Rotor Fligth Services. Ricardo N. fue asegurado de Puebla capital; José Antonio N. en Toluca, EdoMex; María Magdalena N., en Ciudad de México; Israel N. en Tula, Hidalgo. A los cinco días, fue aprehendido Miguel N. en Puebla. El 10 de febrero de 2021, Iris Cristina N. en Veracruz. El 28 de febrero José Alonso N; el 17 de marzo Rafael N., director de la empresa; y César Rodrigo N., jefe de mantenimiento de Servicios Aéreos del Altiplano, propietaria del helicóptero siniestrado.
