Entre 2022 y 2025 se abrieron al menos 25 carpetas de investigación por este tipo de agresión; colectivos locales denuncian protocolos deficientes
Claudia Espinoza
En Puebla, la violencia vicaria ya está reconocida en la ley, pero sigue sin ser castigada.
Aunque desde 2023 se incorporó a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los datos muestran que entre 2022 y 2025 se han abierto al menos 25 carpetas de investigación por este tipo de agresión, sin que la Fiscalía General del Estado haya logrado una sola sentencia.
Colectivos locales acompañan actualmente más de 18 casos, y denuncian retrocesos en los juzgados, omisiones institucionales y protocolos que revictimizan a las madres.
Los colectivos han sido los principales actores en visibilizar esta problemática. Madres Viviendo Violencia Vicaria, Madres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria, Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, Kali Korima y Por las Mujeres de Puebla han encabezado protestas frente al Poder Judicial y al Cecofam en San Andrés Cholula, denunciando protocolos deficientes y riesgos para niñas y niños en convivencias supervisadas.
La violencia vicaria ocurre cuando el agresor utiliza a hijas e hijos para dañar a la madre, ya sea impidiendo el contacto, manipulando emocionalmente a los menores o instrumentalizándolos en procesos judiciales.
En Puebla, los casos suelen ser tratados como violencia familiar, sin considerar el contexto de género ni los antecedentes de agresión física, sexual o económica.
Las convivencias supervisadas en el Cecofam, por ejemplo, han sido señaladas por colectivos como espacios que perpetúan el riesgo para niñas y niños, al obligarlos a interactuar con padres violentos bajo el argumento de que “tienen derecho”.
En 2024, se registraron siete denuncias formales por violencia vicaria en la capital poblana. Solo una derivó en detención y vinculación a proceso, sin que se dictara sentencia. En 2025, se sumaron cuatro nuevas denuncias, esta vez con víctimas hombres, pero tampoco se logró judicializar los casos.
Las madres que han denunciado enfrentan procesos largos, costosos y emocionalmente desgastantes, donde son evaluadas públicamente sobre su “buena” o “mala” maternidad, mientras que los padres agresores no enfrentan el mismo escrutinio.
La académica Mariana Gutiérrez, especialista en derecho familiar y género por la UNAM, advierte que “la violencia vicaria es una forma extrema de control patriarcal que se enmascara en el discurso de los derechos parentales. El problema no es solo legal, sino judicial y cultural: aunque la ley la reconozca, los operadores del sistema siguen sin entender su lógica ni sus consecuencias”.
