Operan en Puebla 117 espacios de resguardo; de estos, 100 funcionan con irregularidades
Claudia Espinoza
En Puebla operan 117 corralones registrados, de los cuales 17 cuentan con documentos en regla, según la última actualización en enero de este año de la Secretaría de Gobernación. El resto, alrededor de 100, debe cumplir con requisitos de seguridad, sanitarios y legales.
Ante los abusos detectados en los servicios de grúas y cobros excesivos, el gobierno estatal abrió este año cinco corralones públicos en Puebla capital, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tepeaca y Acatzingo, con tarifas oficiales de 130 pesos diarios por estancia.
Con base en el reporte de indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como de accidentes de la Secretaría de Seguridad Pública, la situación refleja un sistema saturado; más de 15 mil 200 vehículos permanecen en estos espacios, principalmente por aseguramientos de tránsito, robo, accidentes o embargos judiciales.
El problema más grave es el abandono. Se estima que más del 30 % de los vehículos asegurados nunca son reclamados, lo que equivale a más de 4 mil 800 unidades en calidad de rezago.
Estos vehículos pueden ser subastados, chatarrizados o transferidos a dependencias públicas. Los corralones privados concentran la mayor parte de los casos de abandono, debido a cobros que alcanzan hasta 200 mil pesos, muy por encima del tabulador oficial que marca entre 6 mil y 15 mil pesos.
Como respuesta, el gobierno impulsó una reforma a la Ley de Ingresos del Estado, con el objetivo de fijar un nuevo tabulador de costos y reforzar la regulación de los servicios de grúas, de manera que los precios por arrastre y estancia se ajusten a parámetros oficiales y se eviten prácticas irregulares.
Los operativos conjuntos de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Movilidad y Transporte buscan clausurar o regularizar los corralones irregulares, transparentar costos y garantizar condiciones adecuadas de resguardo.
Actualmente, además de la saturación, los corralones enfrentan deficiencias en cercado perimetral, instalaciones sanitarias y falta de medidas de seguridad.
Para el economista Luis Alberto Hernández, académico de la Universidad Iberoamericana, el fenómeno de los corralones refleja un problema estructural de gestión pública y mercado irregular:
“La existencia de cientos de corralones privados sin regulación efectiva ha generado un mercado paralelo donde los costos se disparan y los usuarios quedan indefensos. La apertura de corralones estatales es un paso importante, pero no suficiente. Se requiere un sistema integral de transparencia que incluya un padrón público de tarifas, auditorías periódicas y sanciones efectivas”, dijo.
Comentó que el abandono masivo de vehículos implica pérdidas patrimoniales y riesgos ambientales que deben atenderse con políticas de reciclaje y subasta ordenada.
