Falta de cobertura hospitalaria, objeción médica y desinformación son los principales obstáculos para que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y su futuro reproductivo
Claudia Espinoza
Aunque la reforma al Código Penal del estado de Puebla aprobada en julio de 2024 eliminó las sanciones por interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas, la implementación hospitalaria enfrenta rezagos, persisten las objeciones médicas y falta de difusión pública en la entidad, con base en el reporte de colectivos feministas como Efeminista.
Entre agosto y noviembre de 2024, los hospitales públicos atendieron a 205 pacientes que solicitaron la interrupción legal del embarazo. Para septiembre de 2025, la cifra acumulada superó los 330 procedimientos, según datos de la Secretaría de Salud estatal.
Sin embargo, la mayoría de estos casos se concentraron en la ciudad de Puebla, donde se ubican cuatro de los seis hospitales habilitados para ofrecer el servicio: el Hospital de la Mujer, el Hospital General del Sur, el Hospital General del Norte y el Hospital para el Niño Poblano.
Fuera de la capital, solo el Hospital General de Tehuacán y el de Izúcar de Matamoros cuentan con personal capacitado y protocolos activos.
En municipios como Huauchinango, Zacatlán, Teziutlán y Acatlán no hay hospitales que ofrezcan el servicio de forma regular.
Mariana Ríos, ginecobstetra y docente en la UNAM, advierte que la falta de reforma a la Ley de Salud estatal impide que los hospitales tengan lineamientos claros para garantizar el servicio.
“La despenalización fue un paso legal importante, pero sin una política pública que lo respalde, el derecho se queda en papel. Muchos médicos siguen apelando a la objeción de conciencia sin regulación, y eso deja a las pacientes sin atención o las obliga a desplazarse largas distancias”, señala.
Además de la objeción médica, persiste la desinformación entre la población. En comunidades rurales, muchas mujeres desconocen que el aborto ya no es delito, y otras temen represalias sociales o familiares.
Ríos insiste en que el acceso al aborto debe entenderse como parte de una política integral de salud pública.
“No se trata sólo de evitar la criminalización, sino de garantizar que las mujeres puedan tomar decisiones informadas, seguras y acompañadas. Eso implica capacitar al personal médico, ampliar la cobertura hospitalaria y generar confianza en las instituciones”, concluyó.
