La Secretaría federal de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Procuraduría Agraria exhortan a los ministros de la Suprema Corte anteponer la vida de la comunidad indígena de Tecoltemi, en el municipio poblano de Ixtacamaxtitlán, antes que la explotación de minerales.
La Primera Sala de la Corte discutirá mañana el caso.
El máximo tribunal de justicia tiene la oportunidad histórica de proteger y garantizar los derechos de todos los pueblos indígenas y de los núcleos agrarios en el país, aseguran las entidades del gobierno federal en un comunicado.
Tecoltemi es un ejido de 300 habitantes.
A ellos, en su estatus de comunidad indígena, tuvo que habérseles consultado antes de que en 2003 y 2009 el gobierno federal diera concesiones a la canadiense Almaden Minerals para explotar yacimientos en los que destacan oro y plata.
Las extensiones de tierra concesionadas a la minera extranjera atraviesan Tecoltemi.
Las minas a cielo abierto no sólo representan contaminación ambiental –se usa cianuro cuando se trata de plata y oro–, además, la comunidad teme quedarse sin el agua que le costó años de trámites y obras.
Este recurso resulta esencial tanto para la subsistencia de la comunidad como para la producción agrícola, tradicional en el ejido.
En enero, la Semarnat hizo un llamado para que los ministros de la Corte resuelvan el asunto “conforme a los estándares de protección de derechos más altos, y para que priorice la vida, el territorio y el ambiente y no los intereses de las empresas mineras”.
La comunidad y ejido solicitaron amparo federal para proteger su tierra de la contaminación y explotación de recursos.
El 134/2021 será revisado en la sesión de mañana.
