El Órgano de Administración Judicial y el Instituto Federal de Defensoría Pública presentaron el proyecto “Construyendo puentes para acercar la justicia”
Claudia Espinoza
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) presentaron el Proyecto Estratégico de Defensa Pública y Justicia Intercultural “Construyendo puentes para acercar la justicia”, cuyo propósito es facilitar la preliberación de personas pertenecientes a grupos vulnerables.
De acuerdo con cifras oficiales, de diciembre a la fecha han sido liberadas en el país 435 personas que enfrentaban penas consideradas injustas o que pertenecían a sectores como mujeres, indígenas, adultos mayores y personas con enfermedades terminales.
El objetivo central es demostrar a la ciudadanía que la justicia puede ser una herramienta confiable. En el documento se reconoce que uno de los mayores retos es generar confianza en los procesos de preliberación entre quienes han estado privados de la libertad.
Para ello, se han establecido alianzas con Centros de Readaptación Social, la Secretaría de Salud Federal y la Fiscalía General de la República, para ofrecer atención integral a quienes cuentan con la posibilidad de ser liberados.
El director general del IFDP, Benjamín Rubio Chávez, detalló que el programa se sostiene en tres ejes: defensa penal, asesoría jurídica y asesoría jurídica intercultural.
En el ámbito de la defensa penal se ha trabajado en la revisión de casos y en la gestión de beneficios de preliberación. En cuanto a la asesoría jurídica, se busca representar a las personas en temas vinculados a derechos humanos.
En el plano intercultural, se han abierto al menos 30 Casas de Asesoría Jurídica Intercultural en distintas regiones del país.
La estrategia ha comenzado en regiones simbólicas, pero aún existen brechas significativas en estados con alta población indígena y rezago social, como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. En estas entidades, la diversidad lingüística y los conflictos agrarios hacen más evidente la necesidad de representación legal intercultural.
Para comprender el alcance de este proyecto, el especialista en derecho constitucional de la UNAM José Antonio Gutiérrez explicó que la iniciativa representa un paso importante hacia la construcción de un sistema de justicia más incluyente.
El académico añadió que la defensa pública debe ser vista como un derecho colectivo, especialmente en comunidades indígenas donde las barreras culturales y lingüísticas han limitado históricamente el ejercicio pleno de la justicia.
