El proceso judicial contra el feminicida confeso de Ingrid Escamilla se encuentra detenido.
El crimen, ocurrido el 9 de febrero de 2020, más la revictimización emprendida por policías y medios de comunicación causaron indignación y movilizaron a activistas en Ciudad de México, Puebla y Estado de México entre otras entidades.
La presión de grupos manifestantes, especialistas y defensores de derechos humanos impulsó un cambio al Código Penal federal para castigar a quienes difundan información no autorizada de procesos penales.
Tal modificación, conocida como “Ley Ingrid”, avanzó el miércoles pasado de la Cámara de Diputados al Senado para discusión.
Pero la justicia para la universitaria poblana permanece estancada.
OBSTÁCULOS
Primero, el cierre de juzgados por la emergencia sanitaria de coronavirus detuvo el proceso, igual que miles de casos, durante casi un año.
El asesinato fue perpetrado en la capital del país y ahí se realizan las acciones judiciales.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha desahogado las pruebas en contra del imputado.
Las demoras resultan contrarias a la claridad con la que se encuentran descritos los hechos.
El 9 de febrero del año antepasado, Francisco N. de 46 años fue detenido y él mismo relató que había apuñalado a Ingrid, su pareja de 25 años de edad, y que para evitar ser inculpado mutiló y desolló el cuerpo,
Perpetró los delitos en presencia de su hijo –que procreó en un matrimonio anterior– que padece autismo.
Llamó por teléfono a su exesposa, le confesó la situación y le pidió que se llevara al adolescente. Ella se comunicó con la policía capitalina y en respuesta se realizó la detención.
Ingrid Escamilla nació en el municipio de Juan Galindo, Sierra Norte de Puebla. Su familia trasladó sus restos hacia allá y los sepultaron.
Estudió una maestría en Administración en la BUAP; universitarios del Colegio de Historia montaron un altar en su memoria y exigieron justicia.
