Por: Álvaro Ramírez Velasco
La protección de la labor periodística y de los defensores de los derechos humanos requiere de esfuerzos colectivos permanentes. Mientras más manos, más mentes y más conciencias participen, será mejor el esfuerzo y estarán más cerca las metas: capacitación, prevención, cobijo.
El miércoles pasado se instaló en Puebla la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Se trata de una instancia interinstitucional con la participación de la sociedad civil, con voz y voto, a través de periodistas en ejercicio.
No riñe ni se arroga facultades, anhelos e ideales que tienen los esfuerzos genuinos y legítimos de los colectivos de defensa de periodistas y activistas o las acciones de otra índole, como instancias académicas.
La terminología es muy importante y la labor es muy específica: vigilancia de los MECANISMOS DE PROTECCIÓN.
Protección y defensa son labores distintas pero complementarias, van de la mano; las dos son indispensables. No están tampoco, y es sencillo entenderlo, en disputa. Se acompañan, más todavía en esta compleja, delicada, pero noble e inspiradora tarea.
El Gobierno del Estado de Puebla cumple, con la Comisión, con una tarea que fue desdeñada por otras administraciones. Fue especial y deliberadamente congelada por el anterior régimen.
La Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas tiene su fundamento y marco jurídicos en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue promulgada, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de junio de 2012, así como su reglamento y su mecanismo.
Establece la creación de una Junta de Gobierno federal, para este fin, en el que participan la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros.
También se establece que “la Junta de Gobierno invitará a todas sus sesiones, con derecho a voz, a… un representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores; un representante del Poder Judicial de la Federación; al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, y al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados”.
La ley federal establece que debe existir coordinación con las entidades federativas.
En sus capítulos IV, de La Coordinación Ejecutiva Nacional, VIII, de Medidas de Prevención y IX Convenios de Cooperación, precisa la coordinación que debe existir con las entidades federativas.
En Puebla nos hemos sumado como vocales en esta tarea los periodistas Julia Leticia García Polo, presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMPEP), en su calidad de periodista e integrantes de la sociedad civil; y como representantes de los medios de comunicación, Jorge Luis Castillo Loyo y Álvaro Ramírez Velasco, quien esto escribe.
La Comisión, con base en el ordenamiento jurídico, está encabezada por la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral; y participan la titular de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos, Raquel Medel Valencia, como secretaria técnica; la titular de la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, Verónica Vélez Macuil, como vocal; el titular de la Dirección General del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Fernando Luis Sánchez Mejorada y Rojas, como vocal; así como el fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Ulises Sandal Ramos Koprivitza, también como vocal.
(De Verónica Vélez hay que subrayar que es periodista y una profesional reconocida en el gremio desde hace tres décadas, aunque su calidad ahora es como funcionaria pública. Ella misma, antes de la llegada a su actual encargo, e incluso en el ejercicio de éste, lamentablemente ha sufrido en carne propia agresiones, en casos que son bien conocidos).
El miércoles 9 de febrero se efectuó la primera sesión y conocimos, los vocales, datos importantes, además de que, por la naturaleza reporteril, realizamos varias preguntas:
La dictaminación de las medidas cautelares que se otorgan a algún defensor de los derechos humanos o periodista que se vea y se sienta en riesgo o que haya sido agraviado, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación federal. Así está establecido en su sustento jurídico.
Las medidas pueden ir, de acuerdo con la dictaminación, desde el apoyo con rondines policiacos a domicilios u oficinas, escoltas, botones de pánico, seguimiento y vigilancia directa al contexto de los casos (por ejemplo, en caso de amenazas en redes sociales se ha dado seguimiento e investigación de las cuentas agresoras) y otras, todas juntas o de acuerdo con la determinación del caso, que hace Gobernación federal o por recomendación directa de la CNDH.
La Comisión estatal monitorea riesgos y vigila que se cumplan y quienes la integramos seremos un puente, siempre en beneficio de los agraviados, de que éstas se cumplan, se intensifiquen o se extiendan.
La Comisión, dice su descripción institucional, “monitorea los riesgos y agresiones en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el Estado de Puebla. Al mismo tiempo, determina la implementación de medidas de protección para analizar posibles patrones que permitan llevar a cabo medidas preventivas. Trabaja en conjunto con el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Principales Áreas de Trabajo: Personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Es muy importante reiterar que no se trata de una comisión que haya inventado la administración estatal, sino que tiene un sustento jurídico en cuyo marco se atiende también un ordenamiento de la CNDH.
Una duda razonable es ¿por qué el gobierno federal y las entidades federativas son las encargadas de cumplir con los protocolos de protección definidos en el mecanismo de la materia?
La respuesta es que las instituciones de procuración de justicia y el monopolio del uso legal de la fuerza la tiene el Estado mexicano y es su obligación otorgar protección a los ciudadanos, en todos los casos, y en este en específico, por supuesto que también.
Y el Estado, así con mayúsculas, es el que puede proveer esta protección a través de sus acciones, de sus fuerzas de seguridad, federales estatales y municipales, y de sus instituciones, instancias y niveles gubernamentales.
Las medidas cautelares para un agraviado se terminan a solicitud de él o de la misma.
Diez años tiene la ley que le da fundamento a esta Comisión estatal de Puebla y debe existir también en las otras 31 entidades federativas.
ACCIÓN EN CURSO
En la primera sesión se nos informó de las solicitudes recientes que están esperando dictaminación, para el caso de una persona periodista y otra persona defensora de los derechos humanos, que ha pedido la protección para cuando se encuentre en el territorio estatal.
Hay otros 10 casos activos de defensor de los derechos humanos y uno de una persona periodista que ya recibe medidas cautelares.
El fiscal especializado informó también que hay 12 denuncias referentes a activistas y periodistas cuyas carpetas están en desarrollo.
Con el cuidado requerido, en el informe por escrito que se nos entregó, se cita a estas personas solamente por las siglas de sus nombres o razones sociales, aunque tuvimos acceso a éstos. Su reserva es de obvia protección de datos personales.
El fiscal aclaró también que sólo podrá informarnos lo que le permita el debido proceso de las investigaciones y también estableció las vías de comunicación directa y permanente.
MUCHO POR DELANTE
Hay mucho que hacer y hay disposición y entusiasmo para hacerlo. Hablo por mí y porque lo veo en los ojos y las propuestas de mis compañeros vocales periodistas.
El Plan de Trabajo se elabora y se ha manifestado la apertura para integrar todas las inquietudes. Particularmente los vocales de la sociedad hemos comenzado a tender puentes con otros compañeros y con las instancias.
No está de más subrayar, de nueva cuenta, que la labor en conjunto con las organizaciones defensoras de derechos humanos y de periodistas es indispensable. Lo vemos así.
Esta es una comisión necesaria y jurídicamente sustentada que tiene en el espíritu de su legislación original la protección de la tarea importante la defensa de los derechos humanos y la labor periodística.
Hay mucho que hacer.
Hay muchas manos que están ávidas de participar porque tienen experiencia, porque se han capacitado, porque tienen propuestas específicas que son beneficiosas.
Esas manos y esas conciencias siempre van a ser de mucha ayuda.
Nadie ni nada puede perjudicar la legitimidad de la defensa, pero tampoco la genuina labor de protección.
Nadie puede tener éxito en esta tarea en solitario.
Mientras más manos, más mentes, más conciencias se unan, mejor será la labor y las metas quedarán siempre cerca de nuestros pasos.
