Felipe Flores Nuñez
Puebla dejó ser la entidad federativa con mayor violencia política del país, rango que ostentaba desde los comicios de 2018, y ahora pasó a la séptima posición con sólo cinco incidentes hasta ahora, según se desprende del actualizado Segundo Informe de Violencia contra Personas Políticas en México 2021, elaborado por Etellekt Consultores.
El estudio, que cubre del 7 de septiembre de 2020 –en que se inició el actual proceso electoral– al miércoles pasado, 17 de marzo, indica que han ocurrido en el país un total de 232 agresiones contra personas políticas, con un saldo de 211 víctimas, entre las cuales 61 han sido asesinadas; 17 aspiraban a un puesto de elección en los comicios de junio próximo.
Desde que el gobierno federal anunció su estrategia de seguridad para los candidatos el pasado 4 de marzo, han sido asesinados seis aspirantes a alcaldías en los municipios de La Perla (Veracruz), Nuevo Casas Grandes (Chihuahua), Isla Mujeres (Quintana Roo), Casimiro Castillo (Jalisco), Chilón (Chiapas) y, el sábado pasado, de Ocotlán de Morelos (Oaxaca).
De acuerdo con el Indicador de Violencia contra Personas Políticas en México (IVP) de Etellekt, el primer lugar de violencia lo ocupa por ahora Veracruz, con el 12% de víctimas.
Respecto al ascenso registrado en Veracruz y la caída de sucesos en Puebla, Rubén Salazar Vázquez, Director General de Ettelekt Consultores, enumera entre las razones el hecho de que aquí no habrá elección a la gubernatura, como hace tres años, y que aquella vez en Veracruz no estuvieron en juego las alcaldías únicamente mandatario estatal.
Recordó que entonces hubo en Puebla mucha rispidez en las campañas y esa confrontación generó actos de violencia en las urnas: grupos armados que llegaron a intimidar a los votantes en las casillas, además de otros delitos electorales que también se dieron: robo de urnas, violación de papelería electoral.
“Incluso hubo acusaciones por injerencia de autoridades del gobierno del estado de Rafael Moreno Valle y señalamientos de fraude electoral que llegaron al Tribunal, pero finalmente los comicios no fueron anulados”.
“El hecho de que ahora el partido en el gobierno en Puebla tenga a los principales municipios puede estar despresurizando los actos de violencia, a diferencia de Veracruz; eso es importante porque actualmente, a pesar de que Morena gobierna el estado, únicamente preside 17 de los 221 municipios que tiene”, asentó el académico.
TRABAJO POLÍTICO
El especialista en análisis de riesgos y en temas de inteligencia destacó también que hay casos, como el de Puebla que gobierna Luis Miguel Barbosa, donde se observa mucho trabajo político que hacen los mandatarios estatales para evitar que estas acciones de violencia se traduzcan en atentados que terminan en asesinatos, homicidios de algunos políticos, o de aspirantes y luego candidatos.
“No vemos ese trabajo político en Veracruz, y sí lo apreciamos en otras entidades como Puebla, Oaxaca, incluso algo en Guerrero; las cifras son menores en estas entidades que anteriormente encabezaban la lista de agresiones en procesos electorales”.
“Entonces, algo está ocurriendo en Veracruz; el gobernador no tiene los hilos, en buena medida porque en muchos municipios no gobierna su partido, pero sí es más fácil cuando tienes alcaldes de tu partido: se ejerce un mensaje más contundente del gobernador hacia los munícipes”.
Sugirió que los gobiernos estatales hagan su parte para inhibir hechos delictivos. En esa tarea, es fundamental prevenir hechos de violencia hacia adversarios políticos y manejar una convivencia democrática que impida que la polarización se traduzca en ese tipo de escenarios.
Planteó también la necesidad de “mantener a raya” a la delincuencia organizada, que es un actor que puede estar empujando esta situación, ya sea por tener vínculos políticos con partidos adversarios o por sus propios intereses y conveniencias de que acceda un candidato determinado que pueda beneficiar sus actividades ilegales.
Y, también, promover que la policía del estado genere un trabajo de inteligencia y de prevención “que realmente advierta dónde están los mayores riesgos tanto de índole criminal como política, incluso social, factores que pueden derivar en atentados contra aspirantes”.
En Puebla, al momento se registran siete asesinatos, dos de personas políticas, tres funcionarios sin militancia, pero Salazar Vázquez advirtió que hay municipios donde en cualquier momento pudieran incrementarse los hechos violentos.
Alertó especialmente donde las zonas donde existe el robo de mercancías y el robo de combustible –el triángulo del huachicol llamado rojo– y en la zona norte de la entidad, “donde hay señales que existe mucho negocio ilícito; esos serían focos rojos”.
AMLO SE EQUIVOCA
¿Sirve de algo, contribuye el llamado nacional para inhibir hechos violentos que alteren la elección, el anuncio que hizo el presidente López Obrador, convocando a los gobernadores que se sumen a este esfuerzo? Enfático, Rubén Salazar aseguró que la narrativa del presidente fue “poco acertada”.
“Me parece que lo planteó mal; el presidente está prejuzgando sin tener la información, sin presentarla a la opinión pública, sobre la responsabilidad de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco, respecto de la violencia contra candidatos y figuras políticas.
“Prejuzgar sobre la responsabilidad intelectual de estos asesinatos al decir que todo llega del narco envía una muy mala señal, sobre todo a los grupos políticos, que también pueden leer esto como permiso para matar: al final pueden culpar al narco y nosotros nos lavamos las manos”.
Qué curioso –añadió– que después de su discurso, de su mensaje del fin de semana, asesinan en un solo día a dos aspirantes, uno en Chihuahua y otro en Veracruz. “Entonces, me parece muy equivocada la comunicación que está adoptando el gobierno en este tema; no es lo mejor prejuzgar, porque eso puede alentar también la violencia, en la medida en que al final lo que va a prevalecer es la impunidad, porque parecería que todo será culpa de la delincuencia.
“Habló de la delincuencia de cuello blanco; imagínate los conceptos y las categorías que está empleando en su comunicación el gobierno, ¿qué es eso, ¿dónde viene en la ley esa categoría?… Es delincuencia organizada sí o no, más allá del estatus”.
A su juicio, todavía es más preocupante que AMLO haya dado un diagnóstico equivocado y además haya contabilizado a personas que no son políticas, incluso a periodistas asesinados.
“¿Cómo vas a establecer una estrategia eficiente y efectiva contra la violencia política, si de entrada no sabes diferenciar los fenómenos de la violencia, si no sabes diferenciar a un político de un periodista, si cuentas también a activistas de derechos humanos y metes a funcionarios asesinados que tampoco tienen militancia política, ni aspiraciones?”, se preguntó.
Acusó que hizo falta un mapa de riesgo mejor definido, “porque lo que hicieron fue una grosería para el presidente, no sé quién le entregó ese informe, con un número de víctimas inferior a lo que hay hasta la fecha”.
Por ello, consideró que la realidad rebasó muy rápido a esa estrategia anunciada, y que no hay cambio de fondo, dado que la protección a actores políticos que anunció el mandatario “es una prerrogativa legal que ya existe y de la cual pueden valerse los candidatos desde hace muchos años, puesto que está prevista en nuestra normatividad electoral”.
Habló también de la crisis económica actual que es muy severa, “no ha habido una sola décima de crecimiento del PIB en este gobierno”, y ese factor también influye en la política porque muchas veces, cuando hay crisis económica, se convierte en la única opción de obtener recursos financieros”.
Dedujo que el gobierno federal debería empezar a preguntarse qué es lo que necesitamos hacer para evitar que esta mala comunicación y este mal diagnóstico se traduzca en nuevos episodios de violencia en lugares donde ni siquiera pensábamos que esto podría manifestarse.
—La cifra se incidentes creció en febrero, ¿se puede esperar que vaya a la alza conforme avance el proceso electoral?
—Al día de hoy, comparado con el mismo periodo de hace tres años, hay un leve descenso de casos de asesinato, pero esa diferencia cada vez se acorta; la tendencia es ascendente; los números bajos hasta ahora obedecen a la pandemia: el confinamiento impactó a las precampañas porque no hubo eventos públicos, proselitismo en calles ni trabajo político por tierra, así que los aspirantes estuvieron poco expuestos.
Ahora, el desconfinamiento progresivo y la reapertura económica pueden devolver esa realidad tan oscura de la violencia en los procesos electorales, indicó.
“Espero que no sea así; nosotros no formulamos una crítica sin plantear propuestas al presidente. Consideramos relevante decirle que debe cambiar su diagnóstico y corregir sus estrategias, porque ya hay mecanismos legales para proteger a los candidatos, y tiene también que combatir la impunidad, eso es esencial; si no se combate, los agresores, sean criminales o políticos, van a seguir empleando la violencia para deshacerse de sus opositores, los rivales políticos contrarios a sus intereses.
En un país donde la competencia político-electoral cada vez es más cerrada, más compleja, sobre todo en los municipios, la alternancia política en el país crece cada vez a pasos más acelerados; a un gobierno le cuesta cada vez más trabajo conservar el poder a través de mecanismos democráticos, de convencimiento a la ciudadanía, puesto que muy pocos están cumpliendo con las expectativas del ciudadano, sostuvo.
“Entonces, en ese sentido la violencia se vuelve lamentablemente un mecanismo alternativo para conservar el poder y una herramienta de competencia electoral”, concluyó.
