Karla Cejudo y Diana López Silva
De 2007, cuando fue aprobada la despenalización del aborto en Ciudad de México, a septiembre de 2021, mil 511 mujeres con residencia en Puebla viajaron a la capital del país para la interrupción de su embarazo, lo que colocó a nuestra entidad como la segunda con más casos.
El 27 de enero, diputados locales de Morena presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal de Puebla para legalizar el aborto, así como aumentar las penas de cárcel de cinco a ocho años para quien haga abortar a una mujer o persona gestante sin su consentimiento.
De acuerdo con el registro de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Secretaría de Salud del gobierno de Ciudad de México, fueron mujeres del Estado de México las que más acudieron a la capital para este procedimiento con 62 mil 163 mujeres, en segundo lugar está Puebla y después Hidalgo con mil 331, mientras que Morelos se ubicó cuarto lugar con 927.
Los datos indicaron que en 2020, año marcado por la emergencia sanitaria de coronavirus, 69 mujeres poblanas fueron atendidas, esta fue la cantidad más baja desde 2009. El número de casos de 2020 representan una baja de 54 por ciento en comparación con los 151 en 2019.
En tanto, entre 2015 y 2021 han sido iniciadas 44 carpetas de investigación por aborto en la entidad poblana, de acuerdo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Diputados de Morena colocaron en la agenda de la actual LXI Legislatura la despenalización del aborto en Puebla, antes de las 12 semanas de gestación.
Los legisladores Carlos Alberto Evangelista Aniceto, Daniela Mier Bañuelos, Eliana Angélica Cervantes González y José Iván Herrera Villagómez proponen sanciones de cárcel o trabajo social sólo si se sobrepasa dicho tiempo.
En la propuesta también se prevé aumentar la pena por aborto forzado.
Evangelista Aniceto recordó que el 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció sobre la criminalización por interrupción del embarazo voluntario y, por unanimidad, resolvió que “es inconstitucional que una mujer o persona con capacidad de gestar, esté presa o se encuentre bajo proceso penal, puesto que, adicionalmente, es un acto de injusticia social”.
La iniciativa de los morenistas propone reformar los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal del Estado de Puebla.
Entre las penalizaciones, en el artículo 340 se propone aumentar el castigo al aborto forzado, que actualmente es de uno a tres años de cárcel, para que sea de cinco a ocho años de prisión.
Actualmente, la mujer que opta por abortar puede ir a prisión por 6 meses a un año; con la reforma al artículo 342, se plantea una reducción del periodo de encarcelamiento, el cual sería de tres a seis meses o 300 días de trabajo comunitario, según decida el juez y sólo si ocurrió después de las 12 semanas de embarazo.
Evangelista Aniceto hizo un llamado a sus compañeros de la LXI Legislatura, para comenzar a subsanar “una gran deuda histórica” y por unidad, sin distinción de colores.
Condenó que actualmente “la interrupción consentida de la gestación castigue a la pobreza”, ya que es este sector el que no tiene al alcance los recursos para una práctica privada en alguna clínica de uno de los cuatro estados del país –Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz– en donde es legal este procedimiento”.
Pidió que el tema no sea archivado y se reconozca la urgencia de debatirlo. La iniciativa está en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.


