Canirac y Aprepsac piden revisar la situación de establecimientos sin recurrir a prácticas intimidatorias
Restauranteros afiliados a la Canirac y a la Aprepsac buscan establecer una nueva relación con el Soapap, tras la salida de Gustavo Gaytán Alcaraz, con el objetivo de revisar la situación de los establecimientos sin recurrir a medidas intimidatorias, como la presencia de policías durante las visitas de inspección.
Juan José Sánchez Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), informó que envió un oficio a la nueva titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), Josefina Morales Guerrero, para solicitar un acercamiento y abrir un canal de diálogo.
Sin precisar cuántos restaurantes presentan irregularidades, aseguró que existe disposición de los propietarios para ponerse al corriente, sin necesidad de acciones agresivas, como las aplicadas durante la gestión de Gaytán Alcaraz, quien estuvo al frente del organismo durante 11 años y fue removido del cargo en enero pasado, junto con la concesionaria Agua de Puebla.
“Tuvimos muchas revisiones abusivas y detectamos un uso excesivo de la fuerza en las inspecciones a los establecimientos comerciales, ya que acudían acompañados de la fuerza pública, lo cual consideramos innecesario y una forma de intimidación al empresariado poblano”, afirmó.
Explicó que, aunque en algunos casos las revisiones resultaban favorables, en otros se imponían multas con retroactividad de hasta cinco años.
Señaló que, pese a que durante la pandemia los restaurantes suspendieron actividades por decreto gubernamental, esos periodos fueron cobrados con sanciones elevadas.
Añadió que las negociaciones eran especialmente ríspidas, incluso con establecimientos que cumplen la normativa, como la instalación de trampas de grasa y el uso de insumos amigables con el medio ambiente.
No obstante, las multas podían oscilar entre 700 mil y un millón de pesos, poniendo en riesgo el patrimonio y la continuidad de los negocios.
Una situación similar enfrentan los restaurantes afiliados a la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios (Aprepsac), cuyos integrantes han denunciado hostigamiento por parte de inspectores de diversas autoridades, como municipios, Agua de Puebla, Profeco y Soapap, en visitas acompañadas por elementos policiales.
Desde la Aprepsac también solicitaron mesas de trabajo y esquemas flexibles para revisar permisos y regularizarse, luego de que 35 establecimientos fueran clausurados en el segundo semestre de 2025 sin oportunidad de mediación.
