Actualmente, en Puebla son 86 mil los beneficiarios inscritos al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente
Claudia Espinoza
El registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, que se lleva a cabo desde el pasado lunes y hasta el próximo domingo en los módulos de Bienestar, depende de contar con un certificado médico que acredite discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud.
De acuerdo con las Reglas de Operación 2026, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el apoyo está dirigido a personas mexicanas de 0 a 64 años con discapacidad permanente.
En Puebla, el programa tiene carácter universal para ese rango de edad, lo que ha permitido que más de 86 mil personas estén inscritas. Con el registro de marzo, se espera incorporar entre 14 mil y 16 mil nuevos beneficiarios, lo que elevaría el padrón estatal a más de 100 mil personas.
El requisito fundamental es presentar un certificado médico expedido por instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar o el DIF, en el que se establezca explícitamente la condición de discapacidad permanente.
La Secretaría de Bienestar reconoce cinco tipos principales de discapacidad que sí aplican: motriz, visual, auditiva, intelectual y psicosocial.
En este grupo también se incluyen casos como el trastorno del espectro autista, síndrome de Down y discapacidades múltiples, siempre que estén certificadas como permanentes y generen limitaciones significativas en la vida diaria.
En contraste, diversas condiciones de salud, aunque sean crónicas o comunes, no se consideran discapacidad permanente por sí solas, a menos que deriven en secuelas graves y permanentes.
Para el analista social de la UNAM Ernesto Luján, este tipo de programas representan un avance en el reconocimiento de derechos, pero advierte que su implementación debe ir acompañada de claridad institucional.
“La pensión por discapacidad permanente es un paso importante hacia la inclusión, pero su impacto depende de que las personas realmente puedan acceder al certificado médico en condiciones justas”, señala.
Subraya que el enfoque debe ser integral, no sólo asistencial. “El apoyo económico es necesario, pero también lo es el acceso a rehabilitación, educación inclusiva y empleo digno. De lo contrario, corremos el riesgo de que la pensión se convierta en un sustituto de políticas estructurales que siguen pendientes”.
