Claudia Espinoza
Puebla ocupa el segundo lugar nacional en embarazos de adolescentes (15 a 19 años) y tercer lugar nacional en embarazos en niñas (10 a 14 años). Al cierre del tercer trimestre de 2023, ocupó el sexto lugar nacional de estados con mayor mortalidad materna.
Estos datos expresan que, un porcentaje significativo de las mujeres poblanas no ejerce de manera plena sus derechos sexuales y reproductivos, señaló el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla en el texto “Balance de la situación de derechos humanos en Puebla”.
El documento indica que, en relación con la violencia obstétrica, los indicadores también son altos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el estado, 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto o cesárea experimentó algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron.
El estado ocupa el décimo lugar entre las entidades que reportaron mayor proporción de violencia obstétrica. Entre 2019 y 2023, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla tuvo registro de cuatro expedientes de quejas presentadas por violencia obstétrica y dos quejas por muerte materna.
Con miras a la disminución del problema, el Instituto de Derechos Humanos de la IBERO Puebla hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que sistematice información sobre la caracterización de las víctimas.
Los autores del documento explican que el alto porcentaje de violencia obstétrica vulnera el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y confirma que siguen siendo tareas pendientes para las instituciones de salud capacitar a su personal y establecer mecanismos de denuncia para las víctimas.
Pidieron reforzar la capacitación al personal de salud, debido a que la mortalidad materna vulnera, entre muchos otros, los derechos a la salud y a la vida. “Es indicador de que las mujeres poblanas aún no cuentan con servicios de salud sexual y reproductiva adecuados y accesibles que les garanticen la atención de profesionales altamente capacitados”.
Pidieron al Congreso del Estado armonizar con el marco jurídico estatal las reformas recientes que protegen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia e integrar al Código Penal las modificaciones que han tenido lugar en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Puebla, como es la modificación registrada el 3 de abril de 2020, cuando la violencia obstétrica fue adicionada en el artículo 10.
