El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) acusó este viernes al congresista demócrata Henry Cuellar y a su esposa, Imelda Cuellar, de soborno, influencia extranjera ilícita y blanqueo por recibir dinero de un banco mexicano así como de una empresa de Azerbaiyán.
La acusación se basa en que, presuntamente, el congresista aceptó 600.000 dólares en sobornos de estas entidades extranjeras a cambio de utilizar su cargo para influir en beneficio de las empresas implicadas en el caso.
Cuellar, de 68 años, es miembro del Congreso estadounidense por el estado de Texas desde 2005. Su casa y la oficina de su campaña en la ciudad texana de Laredo, de donde es originario, fueron allanadas por el FBI en 2022 en el marco de una investigación federal sobre Azerbaiyán.
El matrimonio compareció este viernes, por primera vez, ante la juez federal Dena Palermo en Houston (Texas).
El DOJ anunció en un comunicado que las dos entidades extranjeras involucradas serían una compañía de petróleo y gas de propiedad estatal de Azerbaiyán y un banco con sede en Ciudad de México, cuyos nombres no fueron revelados por las autoridades estadounidenses.
A cambio de los sobornos pagados por el banco mexicano, el congresista posiblemente accedió a influir en la actividad legislativa y a asesorar y presionar a altos funcionarios del poder ejecutivo estadounidense en relación con medidas beneficiosas para dicho banco.
En el otro caso, Cuellar influía en la política exterior estadounidense a favor de la antigua república soviética de Azerbaiyán, en el centro de Asia.
Estos pagos supuestamente se blanquearon en virtud de contratos de consultoría ficticios a través de una serie de empresas pantalla e intermediarios en compañías fantasma propiedad de Imelda Cuellar.
El matrimonio acumula dos acusaciones por cargos de conspiración para cometer soborno, dos cargos de soborno de un funcionario federal, dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de violación de la prohibición para que los funcionarios públicos actúen como agentes de un mandatario extranjero.
A esto se suma un cargo de conspiración para cometer encubrimiento de blanqueo de capitales y cinco cargos de blanqueo de capitales.
Entre los dos, y teniendo en cuenta todos los cargos, se enfrentarían a una pena máxima de 204 años de cárcel.
Antes de que el Departamento de Justicia hiciera pública la acusación, el mismo Cuellar quiso aclarar en un comunicado que, tanto él como su esposa, son inocentes y que todo lo que ha hecho en el Congreso «ha sido para servir a la gente del sur de Texas».
El representante del distrito número 28 de Texas, situado a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, aseguró que va a continuar con su candidatura para la reelección en noviembre.
También añadió que, antes de tomar cualquier acción, se asesorará jurídicamente con la Comisión de Ética de la Cámara y buscará la opinión de un bufete de abogados.
El congresista es uno de los ocho hijos de un matrimonio entre un mexicano y una estadounidense que se dedicaron toda la vida al trabajo agrícola y, en la actualidad, es el miembro del Congreso con más titulaciones académicas.
Antes de dar el salto a la política federal, el abogado había sido miembro de la Cámara de Representantes de Texas durante 14 años (1987-2001) y secretario de Estado de este mismo dominio en 2001.
Con información de EFE
