El expresidente peruano Pedro Castillo participó virtualmente este jueves, desde la prisión donde está recluido desde ayer, en una audiencia para evaluar la petición fiscal de detención preliminar en su contra, mientras es investigado por rebelión por haber dictado la disolución del Congreso.
Acompañado de su abogado Víctor Pérez y de su ex primer ministro Aníbal Torres, quien también ejerce su defensa, Castillo escuchó junto al juez Juan Carlos Checkley los argumentos del Ministerio Público, que solicitó detención preliminar por siete días en su contra.
Al término de la audiencia, cuya resolución será dictada «dentro del plazo de ley», Checkley le dio la palabra al exmandatario, pero este se limitó a afirmar «eso es todo», en alusión a lo dicho por sus abogados.
En su intervención, Torres aseguró durante la detención de Castillo nunca se empleó algún «medio coactivo o coercitivo», pero insistió en que en este proceso «se está violando flagrantemente el principio de legalidad» al considerar que en ningún momento se acreditaron los delitos imputados al expresidente.
En esa misma línea, Pérez sostuvo que el anuncio de Castillo sobre el cierre del Parlamento no implicó un levantamiento en armas que requiere, según dijo, el delito de rebelión y negó que exista peligro de fuga, por lo que solicitó al juez que declare infundado el requerimiento del Ministerio Público.
«Las declaraciones de mi patrocinado en su mensaje no configuran el delito de rebelión (…) ¿Cómo puede una persona querer fugarse cuando no ha cometido los presuntos delitos que le están imputando», señaló Pérez.
En el otro extremo, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán aseguró que «queda evidente la alta probabilidad de fuga» del expresidente, tras mencionar la supuesta intención de Castillo de dirigirse a la Embajada de México para salir de su país.
Huamán indicó que la detención del ex jefe de Estado es «necesaria» para asegurar los actos de investigación y acusó a Castillo de haber pretendido cambiar el modelo de Estado de derecho establecido en la Constitución, de manera ilegal y dolosa.
Castillo participó de esta audiencia tras pasar su primera noche en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión y conspiración.
El Ministerio Público anunció ayer el inicio de estas pesquisas preliminares mientras Castillo permanecía detenido en la Prefectura de Lima por presuntamente «quebrantar el orden constitucional», después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.
Esa orden ha sido interpretada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete.
La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.
Con información de EFE
