La pandemia por COVID-19 ha dejado en mayor vulnerabilidad a los migrantes y refugiados frente a diferentes tipos de violencia y criminalidad como la trata de personas, revela el estudio “COVID-19: Desafíos para la seguridad humana”, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano.
El documento explica que, además, este sector de la población está más expuesto al contagio debido a su falta de acceso a vivienda, a no contar con redes de apoyo y familiares, así como a las limitaciones que tiene el sistema de salud existente para garantizar sus derechos y los servicios.
La crisis ya ha tenido consecuencias devastadoras en el mundo, ya que los refugiados y las personas desplazadas se encuentran además entre los grupos más expuestos a la explotación, trata, tráfico de personas, violencia de género y discriminación en diferentes niveles.
Ante la propagación del virus, señala el documento, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales internacionales y locales también han reducido su capacidad de respuesta. Entonces hay menos disponibilidad o acceso a servicios esenciales de salud, albergue, protección y alimentación.
Con las medidas de distanciamiento social, algunas oficinas están cerradas o hay menos personal para proveer los servicios y apoyos brindados.
Además, una gran parte de los albergues en México dejaron de recibir migrantes de manera temporal porque no tienen la capacidad o los recursos para seguir las recomendaciones sanitarias ni han recibido apoyo del gobierno para prepararse ante la crisis de COVID-19.
El documento refiere que según datos generales del Instituto Nacional de Migración (INM), de enero a diciembre de 2019, 179 mil 137 personas migrantes ingresaron a México y según Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, 178 mil 860 fueron deportadas, lo cual representa 99.8 por ciento.
Con respecto a los solicitantes de asilo en México, de acuerdo con las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), un total de 70 mil 609 personas solicitaron asilo en 2019. Eso representa un aumento de 138 por ciento en comparación con 2018 (29 mil 630).
El año pasado, la mayoría de los solicitantes eran de Honduras, El Salvador, Cuba y Venezuela, mientras que en lo que va de 2020 se han presentado 19 mil 211 solicitudes principalmente de Honduras, Haití y Cuba.
“Si bien el gobierno mexicano ha realizado grandes esfuerzos para fortalecer a la Comar y responder a este incremento de trabajo, a principio de 2020 y antes de la crisis del COVID-19 en el país, la institución sigue estando sobrecargada y necesita mayor presupuesto”, denuncia el estudio.
Además, a partir del 23 de marzo, con el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, anunciaron la suspensión de las labores de las administraciones federales identificadas como no indispensables.
Eso tuvo un impacto inmediato sobre las labores del INM y de la Comar, toda vez que se redujeron las posibilidades de los refugiados de regularizar su estatus migratorio o solicitar asilo.
Otra medida tomada por el gobierno mexicano, a finales del mes de abril 2020, fue la decisión de desalojar las 65 estaciones migratorias del país con base en las recomendaciones de autoridades mexicanas y de organismos nacionales e internacionales.
Lo anterior, para prevenir un brote del virus en esos lugares, el cual pusiera en riesgo las vidas de las personas migrantes alojadas en ellos.
La Secretaría de Gobernación (Segob) explicó entonces que tres mil 759 migrantes detenidos en dichas estaciones migratorias optaron por regresar a sus países de origen (Honduras y El Salvador), por lo que el INM y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) gestionaron su retorno asistido.
En el caso de las personas refugiadas debido a COVID-19, el número de solicitantes de asilo en México en abril cayó a 949 personas, lo que equivale a 16.67 por ciento del total de solicitantes de abril del año pasado y a 16.47 por ciento del promedio mensual de solicitantes del primer trimestre de este año.
