Las estrategia sanitaria para el COVID-19 sigue sin visibilizar a las personas con discapacidad tanto en el acceso a la información preventiva como en el seguimiento epidemiológico, los servicios médicos y hospitalarios.
La periodista Katia D’Artigues, directiva y fundadora del portal Yo también, lamenta que las respuestas que se necesitan aún no están viniendo del Estado ni la de la autoridades de salud, sino vía la sociedad civil.
Plantea la importancia de la desagregación de los datos, no sólo por edad y sexo de las personas afectadas por el virus, sino también por discapacidad, bajo la consideración de que se trata un grupo en mayor riesgo de vulnerabilidad por la discriminación estructural que existe hacia éste, la cual se manifiesta en el acceso a la salud.
«La discapacidad no es una enfermedad. Es una condición de vida. Pero muchas personas con una discapacidad también tienen alguna condición médica. También nos preocupa visibilizar a las personas que somos cuidadoras primarias de personas con discapacidad, que somos sobre todo mujeres. Porque si nosotras nos enfermamos se pone en riesgo todo un ecosistema de cuidados en casa”, reseña en entrevista.
El pasado 3 de abril, esa plataforma hizo públicas las preguntas que envió al subsecretario Hugo López-Gatell respecto a por qué no menciona a las personas con discapacidad como una población en particular riesgo durante la pandemia, dado que tiene condiciones de salud precarias en muchos casos, y si habrá un protocolo para ellas.
Las preguntas al funcionario destacan la falta de visibilidad al hecho de que la mitad de esta población son personas mayores que necesitan apoyos. También se le pidió responder al subsecretario de Salud qué medidas habría para proteger la salud y apoyar el trabajo de personas que cuidan a otros con discapacidad o personas mayores que podrían contraer el COVID-19.
Si bien López-Gatell respondió al portal Yo También que ya se encuentran trabajando en esos pendientes, Katia D’Artigues considera que se trata de generalidades, planteamientos limitados y todavía deficientes, por lo que se siguen esperando planes claros que incorporen las buenas prácticas recomendadas por la ONU, la OEA y organizaciones sociales.
«Hay que consultar a las personas con discapacidad sobre cómo deben de ser estas medidas que ellos necesitan”, señala la también integrante de la Asamblea Consultiva de Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Con información de Excélsior
