La Fiscalía General del Estado (FGE) del sureño estado mexicano de Guerrero inició una carpeta de investigación por corrupción de personas menores de edad contra la Policía Comunitaria que armó y presentó a 20 niños en el municipio de José Joaquín de Herrera para defenderse de la violencia.
El pasado miércoles, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) presentaron en la comunidad de Ayahualtempa a 15 niños y 5 niñas, de entre 11 y 15 años, quienes recibieron armas para brindar seguridad a su comunidad en el estado de Guerrero, tras la desaparición de una familia.
Ante ello, la Fiscalía estatal indicó en un comunicado que al tener conocimiento de que “un grupo identificado como `Policías Comunitarios´” armó a dos decenas de niños inició con las investigaciones, contra quien o quienes resulten responsables.
Agregó que el acto es con el firme propósito de velar por el interés superior de la niñez y de garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los menores, como también lo establece la Declaración de los Derechos del Niño.
Además aseguró que coadyuvará con autoridades estatales y federales para la prevención del delito, así como en la concientización de los pobladores sobre los derechos de niños y adolescentes.
La FGE argumentó que se brinda seguridad y protección a los habitantes de Ayahualtempa mediante una Base de Operaciones Mixtas que se mantiene de forma permanente en la zona.
El secretario de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, advirtió en declaraciones a medios de comunicación que se procederá penalmente contra las personas que hayan decidido incorporar a los menores a un cuerpo de autodefensa.
“Nosotros vamos a presentar las denuncias correspondientes, nadie puede atentar contra los derechos de los niños; no se puede hacer eso. Armar a los niños no es una estrategia adecuada”, expresó.
Antes de presentar a los menores, mediante un comunicado, las autoridades comunitarias reiteraron que la actuación de su policía es legal por lo que exigieron respeto y que ninguna autoridad los acuse.
“La ley reconoce su función como actos de autoridad, tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y tratados entre los que destacan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero así como el Convenio, 169, de la OIT”, puntualizaron.
En junio del 2019, a la Policía Comunitaria se sumaron 19 niños y en 2020 ingresó otro grupo de menores de edad, que se desincorporaron en 2022, cuando funcionarios del Gobierno federal y estatal prometieron brindar seguridad con militares, Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Con información de EFE
