La Fiscalía General de México confirmó este miércoles que propondrá ante un juez de control el procesamiento del excandidato presidencial Ricardo Anaya por haber recibido un soborno de 6,8 millones de pesos (336.000 dólares) de la trama Odebrecht, algo que el político niega.
En un comunicado, la Fiscalía dijo que «según consta en diligencias ministeriales» ese soborno fue entregado a Anaya «por una persona de confianza» del exdirector de Pemex Emilio Lozoya «en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014».
Lozoya denunció el año pasado que en 2014 recibió la orden de entregar 6,8 millones de pesos a Anaya, entonces legislador del Partido Acción Nacional (PAN), para que votara a favor de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
«Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia» de que Ricardo Anaya «votó a favor de la misma», añadió la Fiscalía.
Además, dijo que dos testigos «manifestaron haber presenciado diversas visitas» de Anaya y otros legisladores a las oficinas de Lozoya en la sede de Pemex.
Según la Fiscalía, la reforma energética sirvió para privatizar «la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil».
«La secuencia de todas las diligencias señaladas, que pueden aportarse en versión pública, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras», expresó el Ministerio Público.
Anaya, quien fue candidato presidencial del PAN en 2018 y perdió contra el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue citado a declarar este jueves pero ya avanzó que no acudirá porque se considera víctima de una «persecución política» del actual Gobierno.
El político, que días atrás anunció su exilio, presuntamente a Estados Unidos, denuncia que López Obrador lo quiere meter 30 años a la cárcel para evitar que vuelva a ser candidato en 2024.
El presidente López Obrador negó este miércoles una «persecución» y pidió a la Fiscalía transparentar el caso de Anaya.
La trama de corrupción de Odebrecht, que ha afectado a varios países latinoamericanos, estalló en México tras el arresto en España de Lozoya y su extradición el año pasado a territorio mexicano.
Lozoya, acusado de recibir 10,5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos, cerró un acuerdo con la Fiscalía mediante el cual delató a buena parte de la élite política mexicana a cambio de afrontar su proceso en libertad.
Acusó al expresidente Peña Nieto y a su secretario de Hacienda y Exteriores Luis Videgaray de haber orquestado la trama.
Según Lozoya, el dinero de esos sobornos fue utilizado durante la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 y posteriormente para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la reforma energética.
Por esta denuncia, un juez impuso en abril pasado prisión preventiva contra el exsenador Jorge Luis Lavalle, única persona que hasta la fecha se encuentra en la cárcel por este asunto.
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno, Santiago Nieto, informó este miércoles que de las 71 personas señaladas por Lozoya, se ha entregado información a las Fiscalía de 35 y se han presentado denuncias contra 23. (Agencia EFE)
