La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación emitió una guía en la que se detallan los criterios para que los gobiernos adopten medidas para enfrentar la epidemia de COVID-19 con un enfoque que contemple la atención a la salud pública con el máximo respeto a los derechos humanos; evitar la marginación y la discriminación con independencia de contar con seguro médico, carecer de dinero o situación social y legal.
“La emergencia no debe ser excusa para la intolerancia. No se deben fomentar los discursos discriminatorios basados en prejuicios y estereotipos. Los gobiernos deben tomar acciones para proteger de la discriminación y la violencia a las poblaciones en riesgo de sufrirla, poniendo especial énfasis en: personas que tienen o tuvieron COVID-19; personal médico y de enfermería, así como personas con rasgos estereotípicamente asiáticos.”
En la guía emitida se reconoce que la atención a la epidemia representa “un enorme desafío para el país y requiere un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la salud pública”. Tras destacar que las medidas de distanciamiento social representan el eje de la estrategia, es necesario que el conjunto de acciones se adopten con un enfoque de derechos humanos.
De entrada un objetivo primordial es garantizar el acceso universal a la atención médica “sin importar si tienen seguro médico o recursos económicos; su nacionalidad o situación legal en el país; su orientación sexual, si tienen una discapacidad, su edad o su pertenencia étnica”.
Destaca la importancia de acentuar la protección de los derechos en el ámbito laboral, esencialmente el salario y la estabilidad en el empleo. De igual forma, asegurar que “las personas en situación de calle puedan permanecer en un espacio digno para su protección durante la pandemia. Garantizar la distribución del agua y saneamiento en los lugares con mayor carencia del líquido, así como las medidas de prevención e higiene”.
