El Gobierno mexicano creará un fondo base de 64.000 millones de pesos (más de 3.750 millones de dólares) anuales, incluyendo dinero confiscado al crimen organizado, para financiar la nueva reforma de pensiones del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, expuso este miércoles que los recursos de este «fondo semilla» vendrán del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que administra los bienes incautados a la delincuencia.
Asimismo, agregó, provendrán de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de la venta de terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y del cobro de adeudos de entes públicos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la seguridad social.
Además de este fondo base, se contemplan recursos adicionales por la extinción de fideicomisos del Poder Judicial y la eliminación de los reguladores autónomos, así como el 25 % de los beneficios que generen las empresas paraestatales administradas por el Ejército y la Marina.
La reforma busca que el Gobierno aporte con recursos públicos para que los trabajadores se pensionen con su último sueldo completo, pero el límite será el salario promedio de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que en 2023 fue de 16.777 pesos.
“¿Qué está planteando esta reforma? Que los trabajadores puedan irse con el 100 % de su último salario, es decir, contar con un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social», expuso Alcalde.
La iniciativa constitucional que López Obrador presentó el lunes busca contrarrestar los efectos de la reforma del Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), que en 1997 creó las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), el sistema privado inspirado en el modelo de Chile.
Alcalde recordó que en 2021 entró en vigor la primera reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) desde 1997 que reduce el requisito de 1.250 semanas (25 años) de cotización a solo 750 semanas (15 años) e incrementa la aportación total a la pensión de 6,5 % a 15 % sin aumentar la cuota de los trabajadores.
Con ello, aseguró, los trabajadores pensionados con la última reforma percibirán el 64 % de su salario frente al 27 % de la legislación de 1997.
Los mexicanos que se beneficiarán de la nueva reforma, que debe obtener la aprobación de dos tercios del Congreso, serán los trabajadores formales de al menos 65 años que coticen en el IMSS desde 1997 o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde 2007.
“Se trata de dignificar, de reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores y revertir estas reformas que tanto dañaron a la clase trabajadora en México”, expresó Alcalde. Con información de EFE
