Una juez federal mexicana dictó este jueves prisión formal para el capitán José Martínez Crespo, el primer militar detenido por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y encarcelado hoy bajo el cargo de «delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud».
La juez segundo de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, determinó hoy que la Fiscalía General de la República (FGR) de México «aportó elementos suficientes» para que el militar enfrente un proceso penal por dicho delito.
Sobre la decisión de la juez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que «la acusación es por presuntos vínculos con la organización Guerreros Unidos», grupo delictivo señalado como responsable de la desaparición de los 43 estudiantes.
El pasado 13 de noviembre, las autoridades mexicanas arrestaron a Martínez Crespo por su presunta implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y se convirtió en el primer miembro del Ejército detenido por este motivo.
Crespo fue arrestado en la prisión del campo militar número 1-A, al oeste de la Ciudad de México, donde se presentó voluntariamente, y fue acusado de delincuencia organizada en la modalidad de narcotráfico.
Aunque su arresto está relacionado con el caso Ayotzinapa, la acusación que pesaba sobre Crespo, adscrito en el 27 batallón de infantería en Iguala (Guerrero), donde sucedieron los hechos, fue por delincuencia organizada y no por desaparición forzada.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.
El Gobierno de Peña Nieto descartó la participación en el caso de militares y policías federales.
Este relato, conocido como la «verdad histórica», fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El pasado 26 de septiembre, en un acto por los seis años de la desaparición, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció órdenes de captura contra miembros del Ejército.
«Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad. El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado», expresó el mandatario en una reunión en Palacio Nacional con familiares de las víctimas.
Al asumir el poder López Obrador, se creó una Comisión de la Verdad junto a las familias y la Fiscalía que reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades que crearon un falso relato de los hechos mediante torturas a los presuntos implicados. (La Crónica de Hoy)
